Se centra en casos de menores de edad o adultos vulnerables.
La iniciativa deberá ser ratificada por la Sala del Senado.
El proyecto fue aprobado por unanimidad.
La Cámara de Diputados aprobó este martes un proyecto de ley que establece la obligación de todas las autoridades eclesiásticas de denunciar ante la Justicia civil cualquier ilícito contra menores o adultos vulnerables, tras los casos de abusos sexuales ocultados en el seno de la Iglesia católica.
La determinación de la Cámara Baja tendrá que ser ahora ratificada en el Senado en el segundo trámite legislativo antes de que sea mandado al Ejecutivo para su promulgación como ley.
Este "perfeccionamiento" legal pasó a votación después de varios años de denuncias contra personas relacionadas con el clero por abusos sexuales a menores o adultos, que nunca llegaron a manos de la Justicia civil.
Pequeños avances: aprobamos, por unanimidad en @CamaraDiputados, el fin de los privilegios procesales para la Iglesia.
— Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) 23 de abril de 2019
Es decir, tendrán que declarar directo al tribunal en causas judiciales.
¡Todas y todos somos y debemos ser iguales ante la ley! pic.twitter.com/BlqgGCa7zV
Este proyecto busca ampliar el espectro de personas que están obligadas a denunciar delitos cuando se refieran a hechos ilícitos "cometidos en contra de niños, niñas o adolescentes y/o adultos que por sus condiciones físicas o mentales requieren de especial protección".
Particularmente, "las autoridades eclesiásticas de cualquier confesión religiosa, sea de derecho público o derecho privado, y, en general, los obispos, pastores, ministros de culto, diáconos, sacerdotes, religiosas u otras personas que conforme a las reglas de cada denominación religiosa detenten algún grado de autoridad sobre una congregación o grupo de personas en razón de la práctica de alguna creencia".
En ese sentido, la obligación también se amplió a directivos de asociaciones, fundaciones o agrupaciones de carácter cultural, juvenil, educativa, deportiva o de otra índole.
El proyecto, que se aprobó por unanimidad en la votación general, determina además que cuando se incumpla esta normativa propuesta los responsables de haber tenido que realizar la denuncia podrán recibir las penas que la legislación penal contemple para los encubridores del delito cuya denuncia se omite.
