La Seremi de Vivienda de Valparaíso notificó este jueves a la inmobiliaria Punta Piqueros respecto a la demolición del controvertido hotel homónimo, construido en los roqueríos de Concón, en cumplimiento con un fallo de la Corte Suprema de mayo de 2022.
La sentencia ordenaba a la secretaría regional a pronunciarse respecto de la solicitud de demolición ingresada por la Corporación de Defensa del Patrimonio Histórico de Valparaíso en 2021, que advertía la ilegalidad de la construcción, y que ésta no contaba con un permiso válido para su edificación.
El proyecto inmobiliario fue sometido a un sinnúmero de acciones judiciales desde 2011, año en el que obtuvo la aprobación del permiso de obra, que después fue dejada sin efecto por la Corte Suprema, tras un recurso de ilegalidad presentado por la mentada Corporación.
En marzo pasado, el Concejo Municipal de Concón rechazó el acuerdo alcanzado entre la inmobiliaria y la Corporación para poner fin a la demanda por reclamo de ilegalidad presentada por la empresa en contra de la alcaldía ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Las partes llegaron a tal compromiso después de que en 2022, la inmobiliaria propusiera modificar el uso del polémico edificio, presentando a la Dirección de Obras Municipales (DOM) de la comuna un anteproyecto que buscaba desmantelar dos pisos para adaptarse a la actual normativa comunal y así regularizar la construcción.
LOS PLAZOS
A través de un comunicado, la seremi de Vivienda de la región, Belén Paredes, aseveró que "hemos respondido como entidad técnica precisando que se cumplen las dos causales que establece el artículo 157 para ordenar, por resolución fundada, la demolición total o parcial de las obras, dado que en la actualidad no se ajusta al plan regulador comunal y no cuenta con permiso municipal".
Así, transcurridos 10 días hábiles desde la notificación de la demolición, y sin que exista reclamación de la empresa ante la Justicia, el Serviu iniciará los trámites necesarios para llevar a cabo la destrucción, que "deben contemplar en todo caso un proyecto y las tramitaciones administrativas sectoriales que se requieran para acometer dicha medida, incluido con ello el ingreso al Sistema de Evaluación Ambiental", cierra el escrito.
El gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, recalcó que "hay un plazo perentorio para iniciar la demolición y nos imaginamos que la inmobiliaria va a interponer acciones judiciales, de protección, etcétera. Pero acá hay un tema de fondo que dice relación con cómo hoy se conjuga el desarrollo con la protección ambiental, con la protección del medio natural".
"Siempre Punta Piqueros parecía un tremendo proyecto que generaba empleabilidad, pero también todo el mundo cuestionó la forma y el lugar donde fue construido y esta decisión de demoler Punta Piqueros va a poner en la discusión la forma en la cual nos relacionamos con el medioambiente, y que no es posible implementar desarrollo a cualquier precio", reflexionó.
En una breve declaración pública, el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, expresó que "lo que nos importa es el bienestar de la comunidad, el desarrollo turístico de Concón y el cuidado del medioambiente", de manera que "el municipio va a tomar todas las medidas para que el eventual impacto de la demolición no vuelva a revictimizar el medioambiente".
"Entendemos que es una cuestión que está a nivel judicial y nos vamos a pronunciar cuando tengamos los antecedentes por completo, según los estudios que haga nuestro equipo jurídico", cerró el jefe comunal.
PREOCUPACIÓN EN LA CCHC
La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) también reaccionó a la decisión de la Seremi, considerando que "es un paso más de un proceso que lleva más de una década de judicialización y aun así no es definitiva", por lo que "es necesario esperar el desarrollo de otras múltiples instancias judiciales y administrativas que aún quedan por tramitar".
"Sin embargo, como gremio nos preocupa nuevamente ser testigos de un ejemplo de proyecto de inversión que enfrenta problemas, producto de los múltiples flancos que tiene la institucionalidad y que dificultan la concreción de nueva inversión en el país", advierte la organización en su comunicado.
A su juicio, "la certeza jurídica es la base de toda iniciativa y casos como los conocidos hoy son perjudiciales y graves para lo que el país necesita", por lo que "creemos que es urgente que los proyectos de reforma normativa que hoy están en discusión se agilicen y realmente den solución a este problema", aludiendo a la llamada "permisología".
"La coordinación, reducción de plazos y unificación de vías de reclamación en materias urbanas y ambientales son urgentes para destrabar la inversión pública y privada en Chile", remata el escrito.
ESCENARIO JUDICIAL E IMPACTO AMBIENTAL
Jeannette Bruna, abogada especializada en urbanismo, sostuvo que "la resolución es categórica al desechar los argumentos de la inmobiliaria y ordenar la demolición total del hotel Punta Piqueros", por lo que en adelante, "la inmobiliaria tiene distintas opciones, aparte de las judiciales" para revertir lo ordenado por el Gobierno.
"La primera es establecer un recurso de reposición ante la propia Seremi que permita volver a analizar los argumentos planteados por ella en la resolución, y siempre puede presentar una solicitud de permiso de edificación para regularizar la situación del hotel y pedir que se suspendan los efectos de la orden de demolición", planteó.
La jurista recordó que "no es primera vez que la Seremi Minvu dicta una orden de demolición de una construcción sin permiso: ya lo hizo en el caso de la toma de la familia Correa en Quilpué, hace más de dos años, pero sigue siendo una orden sólo de papel, porque no ha ejercido ninguna de las acciones necesarias para hacer cumplir dicha orden de demolición".
La doctora Patricia Matus, epidemióloga medioambiental y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, indicó que "el desmantelamiento de infraestructura en el borde del mar implica un importante impacto ambiental", al tratarse de "un sistema ecológico frágil".
"Por lo tanto, sacar instalaciones y eliminar residuos tiene que hacerse con mucho cuidado para no afectar la calidad del agua y el recuso hidrobiológico, que no es poco porque todo suma. Esto se debe hacer con mucho cuidado para proteger adecuadamente ese nicho tan rico e importante para la subsistencia, no sólo de los organismos que viven en el mar, sino que también para las personas", agregó.
