Fiscalía pidió 12 años de cárcel para el ex carabinero que cegó a Fabiola Campillai

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Cooperativa.cl

El Ministerio Público asegura que Patricio Maturana disparó la lacrimógena que golpeó a la víctima en el rostro "abusando de su cargo y con el propósito de proferir dolor".

Durante la primera audiencia de preparación del juicio oral, el próximo 6 de septiembre, se discutirá una eventual reapertura de la investigación.

 EFE (Archivo)

La Fiscalía presentará a 74 testigos, 22 peritos y 418 documentos con el fin de acreditar sus imputaciones ante un tribunal oral.

El Ministerio Público solicitó que el ex capitán de Carabineros Patricio Maturana sea condenado a 12 años de cárcel por la bomba lacrimógena que golpeó a Fabiola Campillai en el rostro a fines de noviembre del 2019, causando que perdiera la vista y el olfato y dejándola con daño neurológico severo.

Según consignó La Tercera PM, el antecedente clave para la decisión de la Fiscalía fue que sólo en julio de 2021, casi un año después de que Maturana fuera detenido y formalizado por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas, se supiera que este portaba una cámara GoPro el día del hecho.

EL PROCEDIMIENTO DE CARABINEROS, SEGÚN LA FISCALÍA

De acuerdo a la acusación de 71 páginas, firmada por la fiscal de Alta Complejidad Paola Zárate, la orden de disparar lacrimógenas ese 26 de noviembre en las cercanías de la estación de Metrotrén Cinco Pinos, por parte del capitán Jaime Fernández, se hizo "contraviniendo las disposiciones sobre el debido uso de armamento denominado no letal".

Fue en la tercera orden de disparo que Maturana, advirtiendo la presencia de personas -Fabiola Campillai y su hermana Ana María- en la intersección de Ángel Guido con Fermín Vivaceta, y "sin que por ello se estuviere afectando la libre circulación de transeúntes y vehículos, ni se pusiera en peligro la vida o la seguridad de las personas que circulaban, abusando de su cargo y con el propósito de proferir dolor, dispara con la carabina lanzagases, percutada de frente en forma recta, dirigiéndola directamente a las personas, en un ángulo inferior a 10°, sin realizar parábola, impactando un proyectil de frente en el rostro de la víctima, que se encontraba aproximadamente a 51 metros de distancia del imputado, quien cae al suelo perdiendo el conocimiento".

Después de los disparos, la acusación sostiene que Fernández pidió al equipo constatar el uso de carabinas lanzagases y ordenó al personal "que se replegara" cuando otras personas comenzaron a acercarse a la víctima, así como que se lanzara una granada de mano, la cual llegó a los pies de Ana María Campillai.

Asimismo, la Fiscalía reafirma que el ex capitán, quien cumple arresto domiciliario total, "con su actuar, incumplió lo instruido por el Manual de Operaciones para el Control del Orden Público, así como también por lo establecido en la circular 1832 y Orden General 2635 que, entre otras cosas, reglamenta el uso y funcionamiento de carabinas lanzagases".

POSIBLE REAPERTURA DE LA INVESTIGACIÓN

Una vez ingresada la acusación este lunes, el Juzgado de Garantía de San Bernardo determinó que el inicio de la preparación de juicio oral comience el 6 de septiembre a las 9:00 horas, misma audiencia en la que se discutirá la reapertura de la investigación, que fue requerida por el Consejo de Defensa del Estado y por la defensora del ex carabinero, Catherine Lathrop.

El CDE pidió una autorización judicial para incautar el computador de Maturana y que así la PDI haga pericias con el fin de conocer "cuál o cuáles fueron los archivos descargados el 26 de noviembre de 2019 en el computador asignado al capitán Maturana y si existe información eliminada desde dicho computador relacionada con el procedimiento que se investiga", pues indican que "existen presunciones fundadas de que pudo haberse vaciado y/o traspasado archivos en el computador del entonces capitán Maturana".

Por otro lado, entre las diligencias solicitadas por Lathrop están una reconstitución de escena y pericias de tiro, por las que pretende oficiar al Ejército para que ponga a disposición un recinto para desarrollarlas.

El Ministerio Público presentará a 74 testigos, 22 peritos y 418 documentos con el fin de acreditar sus imputaciones ante un tribunal oral.