ProCultura: Fiscalía solicitó prisión preventiva para los otros cuatro imputados
La audiencia fue suspendida durante la tarde y se retomará este lunes a las 10:00 horas con la continuación de la solicitud de medidas cautelares.
La causa investiga el traspaso de más de $1.600 millones desde el GORE Metropolitano a ProCultura en 2022.
Este domingo se desarrolla la segunda jornada de formalización del denominado caso ProCultura, una de las aristas del caso Convenios, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, investigación que indaga el traspaso de más de 1.600 millones de pesos desde el Gobierno Regional Metropolitano a la ONG ProCultura.
En esta etapa del proceso, el Ministerio Público formaliza a cinco imputados por el delito de fraude al fisco, mientras continúa exponiendo los antecedentes que, a su juicio, dan cuenta de irregularidades en la adjudicación y ejecución del convenio.
En paralelo, una fuente de la Fiscalía confirmó que el actual gobernador metropolitano, Claudio Orrego, tiene calidad de imputado en esta arista, aunque por ahora no ha sido formalizado, debido al fuero especial que le asiste por su cargo.
Para avanzar en ese sentido, el Ministerio Público solicitó su desafuero ante la Corte de Apelaciones de Santiago, instancia que aún no fija fecha para conocer los alegatos.
Situación del gobernador y solicitud de desafuero
El abogado querellante en la causa en representación de la UDI, Pablo Toloza, explicó que la ley impide formalizar al gobernador mientras mantenga su fuero, en caso de que la Fiscalía busque medidas cautelares de mayor gravedad.
"El gobernador Orrego está imputado en esta causa, pero no puede ser formalizado si el Ministerio Público pide medidas cautelares más gravosas. Lo que corresponde, de acuerdo a nuestra legislación, es el desafuero, y eso es lo que ha solicitado la Fiscalía, lo que está pendiente en la Corte de Apelaciones de Santiago", señaló.
Prisión preventiva y cambio en una defensa
Durante esta jornada, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para cuatro de los cinco imputados, entre ellos Alberto Larraín, cofundador de ProCultura.
La audiencia tuvo retrasos luego de que el abogado Mario Valenzuela, defensor de María Teresa Abusleme, exdirectora de estudios de la fundación, abandonara la causa, quedando su representación a cargo de la Defensoría Penal Pública.
Superado ese incidente, el Ministerio Público continuó con la exposición de los antecedentes del caso.
Hasta ahora, solo uno de los imputados tiene medida cautelar decretada. Se trata de Gabriel Prado, quien fue contratado por el Gobierno Regional Metropolitano para vincularse con ProCultura, y respecto de quien la Fiscalía estimó un menor grado de participación.
Prado quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional. Su abogado y hermano, Alfonso Prado, sostuvo que la participación de su representado es distinta a los hechos investigados.
"Una vez formalizado y revisada la carpeta se van a poder ver bien los antecedentes. Derechamente tiene una participación distinta a los ilícitos que investiga el Ministerio Público. Los hechos investigados corresponden al año 2022 y mi representado aparece contratado en 2023", afirmó.
La audiencia de formalización y discusión de medidas cautelares continúa en su segundo día, y se espera que las definiciones respecto de los imputados restantes se adopten entre martes y miércoles.