Día del Joven Combatiente: Debate por seguridad en medio de un escenario político marcado por tensiones

Este domingo 29 de marzo se conmemora el Día del Joven Combatiente, en recuerdo de los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, asesinados en dictadura, en una jornada que por lo general considera actividades conmemorativas y episodios de alteración del orden público en algunos sectores.

La fecha llega este año en un escenario marcado por el reciente aumento en el precio de los combustibles y por anuncios de recortes presupuestarios en áreas como educación y seguridad, lo que ha instalado preocupación en distintos sectores. En paralelo, en el Congreso existen diferencias sobre cómo enfrentar la jornada, especialmente en torno al equilibrio entre resguardo del orden público y el derecho a manifestación.

Según publicó Emol, en esa línea, desde el oficialismo han surgido llamados a reforzar las medidas de seguridad. La diputada republicana Valentina Becerra advirtió que "el 29 de marzo no puede seguir siendo una excusa para que los delincuentes secuestren nuestras calles", enfatizando la necesidad de respaldar el actuar policial.

"Los vecinos de comunas como Estación Central, Pedro Aguirre Cerda o Peñalolén no tienen por qué vivir con miedo, por lo que el Gobierno debe aplicar toda la fuerza de la ley y respaldar sin complejos a Carabineros. La violencia no se conmemora, se persigue y se sanciona", agregó Becerra.

Una postura similar manifestó la diputada Claudia Mora (RN), quien alertó sobre un "posible uso político del alza de los combustibles en el día del Joven Combatiente", asegurando que "sectores de la izquierda radical suelen aprovechar cualquier contexto que consideren favorable para justificar hechos de violencia".

El diputado Francisco Orrego (RN), en tanto, sostuvo que "la verdadera democracia se construye con respeto y orden, no con fuego ni piedras", y lamentó que esta fecha "se haya transformado en una jornada de protestas violentas que afecta directamente a los vecinos".

Estas visiones contrastan con las planteadas desde la oposición, donde se ha puesto el foco en resguardar derechos fundamentales durante la conmemoración. El diputado Luis Cuello (PC) afirmó que "todos los gobiernos tienen la obligación de resguardar el Estado de Derecho. Ahora insistir tanto en eso, a veces me suena un poco como amenaza", subrayando la importancia de "ejercer libremente el derecho a reunión, a la libertad de expresión por parte de las personas. Eso debe estar resguardado".

A este debate se sumó el cuestionamiento por medidas recientes en materia de seguridad. El diputado Jorge Brito (FA) criticó el anuncio del Ejecutivo sobre un recorte presupuestario del 3%, que podría afectar programas como el Plan Nacional contra el Crimen Organizado y el plan Calles Sin Violencia.

"El gobierno pareciera que está decidido a provocar una crisis política, llegando a este Congreso sin capacidad de diálogo, de entendimiento alguno (...) ¿Cómo vamos a recuperar la seguridad si es que está recortando a quienes están en la calle día a día trabajando por Chile?", planteó, agregando que existe preocupación no solo por lo que ocurra este 29 de marzo, sino también por el combate al crimen organizado.