Agresor del alcalde de San Bernardo tenía antecedentes y quedó con arresto domiciliario total

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Redacción Cooperativa

El imputado fue formalizado por amenazas, lesiones, atentado contra la autoridad y daños tras el incidente que también afectó a funcionarios municipales.

El Ministerio Público y el municipio solicitaron la prisión preventiva como cautelar, desde este último aseguraron estar disconformes con la decisión.

 Bryan Galvez (archivo)

El tribunal decretó además arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas, con un plazo de 90 días para la investigación.

Con arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas quedó el imputado por la agresión al alcalde de San Bernardo, Christopher White, hecho ocurrido en el marco de un procedimiento municipal que también dejó a funcionarios lesionados.

Durante la audiencia, el Ministerio Público y los querellantes solicitaron la prisión preventiva, sin embargo, el tribunal optó por una medida cautelar de menor intensidad, considerando la pena asociada a los delitos formalizados.

La abogada de la Municipalidad, Catalina Correa, detalló que "el imputado fue formalizado por cuatro delitos de amenazas, cuatro de lesiones menos graves, un delito de atentado contra la autoridad -en el caso del alcalde- y un delito de daños".

Añadió que, si bien se consideraron sus antecedentes, la magistrada estimó procedente el arresto domiciliario total.

"Nosotros solicitábamos la medida de mayor intensidad, que es la prisión preventiva", señaló la jurista, quien agregó que no están plenamente conformes con la resolución, aunque reconoció que la cautelar decretada "cumple con los fines actuales del procedimiento".

Desde la defensa, el abogado Ignacio Lagos sostuvo que la resolución se ajusta a lo solicitado por su parte y argumentó que los antecedentes del imputado están prescritos o no justifican una medida más gravosa: "El quantum de la pena da para una pena sustitutiva (a la cárcel, en caso de resultar condenado)", afirmó.

El tribunal fijó en 90 días el plazo de investigación, periodo en el que no se descarta que puedan incorporarse más antecedentes o eventuales involucrados en el hecho, que fue descrito como una pelea ocurrida en el momento, sin necesidad de coordinación previa entre los participantes.