Criteria: Seguridad es la principal prioridad, pero 54% cuestiona la gestión del Gobierno

La seguridad se consolidó como la principal prioridad de la ciudadanía, pero un 54% considera que la gestión del Gobierno del Presidente José Antonio Kast en esta materia ha sido peor o mucho peor de lo que esperaba, según la encuesta Agenda Criteria divulgada este domingo.

El estudio se conoció después de una semana marcada por la Operación Cancerbero, que trasladó a 687 internos de alta peligrosidad a la cárcel La Laguna de Talca, y por la controversia generada por los borradores de la reforma constitucional incluida en la agenda de seguridad del Ejecutivo.

De acuerdo con el sondeo, mejorar la seguridad reúne el 28% de las primeras preferencias entre las acciones consideradas más urgentes para el país. Le siguen mejorar la salud pública (16%), generar más empleos y mejores sueldos (15%) y reactivar la economía (12%).

Asimismo, al ser obligados a escoger entre seguridad y libertad, 73% de los consultados optó por la primera, aunque aquello implique ceder ciertas libertades, cinco puntos más que el 68% registrado en 2022.

La seguridad se impone en todos los sectores políticos, aunque con diferencias: alcanza el 86% entre quienes se identifican con la derecha, el 68% en el centro y el 51% en la izquierda.

Mayoría pide nuevas leyes contra la delincuencia

Pese a su relevancia entre las preocupaciones ciudadanas, 54% de los encuestados considera que la gestión del Gobierno en seguridad y control de la delincuencia ha sido peor o mucho peor de lo esperado.

En contraste, un 19% la califica mejor o mucho mejor de lo previsto y un 27% señala que no ha sido ni mejor ni peor.

En materia migratoria, un 47% evalúa la gestión del Ejecutivo como peor de lo esperado, un 25% como mejor y un 28% considera que no ha superado ni defraudado sus expectativas.

La encuesta también mostró que 61% prefiere que el Gobierno concentre sus esfuerzos en conseguir la aprobación de nuevas leyes y atribuciones contra la delincuencia, mientras 30% considera prioritario implementar plenamente las normas que ya se encuentran vigentes.

La demanda por nuevas herramientas es mayoritaria en la derecha (73%), el centro (64%) y entre quienes no se identifican políticamente (60%). En la izquierda alcanza el 47%, frente al 45% que prefiere aplicar las leyes actuales.

Alto respaldo, pero menores expectativas

Las medidas de seguridad anunciadas por el Ejecutivo registran un amplio respaldo. Aumentar las penas por reclutar menores para cometer delitos y convertir la pertenencia a una organización criminal en un delito con penas agravadas alcanzan un 94% de acuerdo.

También reciben apoyo el despliegue policial permanente en 50 barrios críticos (90%), un régimen penitenciario especial para narcotraficantes (84%), el reforzamiento de las fronteras con zanjas, drones y monitoreo (82%) y una mayor protección legal para policías y militares que actúen en legítima defensa (75%).

Sin embargo, las expectativas de que estas iniciativas se concreten son menores y fluctúan entre el 53% y el 69%.

Las cifras más bajas corresponden al régimen penitenciario especial para narcotraficantes, cuyo cumplimiento es considerado probable por 53%, y al despliegue policial permanente en 50 barrios críticos, con 55%.

En el primer caso existe una brecha de 31 puntos entre el respaldo a la propuesta y la confianza en su concreción. En el segundo, la diferencia llega a 35 puntos, la mayor entre todas las medidas consultadas.

El despliegue de la Operación Cancerbero

Los resultados se conocen después de que el Gobierno desplegara el jueves la Operación Cancerbero, un masivo procedimiento de Gendarmería y Carabineros para trasladar a 687 internos de alta peligrosidad desde diferentes recintos del país hasta el Centro de Cumplimiento Penitenciario La Laguna, en Talca.

Entre las personas trasladadas había 37 integrantes de estructuras de crimen organizado -nueve líderes y 28 miembros-, además de 154 reclusos calificados como de alto compromiso delictual y especial peligrosidad, según informó La Moneda.

El operativo se realizó en dos etapas: una primera salida de 295 internos desde un recinto transitorio ubicado en el Centro de Justicia de Santiago y una segunda con otros 392 reclusos.

La caravana fue escoltada por cerca de 100 vehículos de Gendarmería y Carabineros, además de dos helicópteros policiales. Los internos procedían de establecimientos de Arica y Parinacota, Tarapacá, la Región Metropolitana y Los Lagos, entre otras zonas.

Los borradores que tensionaron al oficialismo

En paralelo, el Ejecutivo prepara una reforma constitucional como parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), que reúne más de 30 iniciativas legales.

El Gobierno anunció que la propuesta buscará consagrar en la Constitución el deber del Estado de resguardar la seguridad pública y habilitar nuevas herramientas para enfrentar el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico.

Uno de los borradores conocidos, revelado por La Tercera, contemplaba regímenes penitenciarios diferenciados para condenados por esos delitos, con restricciones a las comunicaciones, visitas, traslados y beneficios carcelarios, con el objetivo de impedir que continúen dirigiendo actividades ilícitas desde las cárceles.

El texto preliminar también planteaba que estos condenados quedaran inhabilitados, durante el cumplimiento de su pena y por los 15 años siguientes, para acceder a prestaciones financiadas por el Estado relacionadas con salud, educación, trabajo y seguridad social.

Este último punto provocó reparos políticos y jurídicos, incluso dentro del Gobierno y el oficialismo. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, sostuvo posteriormente que el documento difundido era "muy antiguo" y aseguró que las atenciones de urgencia y las medidas de salud pública seguirán garantizadas.

Este domingo, además, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, advirtió que su partido no podría respaldar la reforma en las condiciones conocidas, al considerar que incorpora en la Constitución materias que deberían ser reguladas mediante leyes.

División sobre las responsabilidades

Pese a la evaluación negativa de la gestión, 35% atribuye la situación de seguridad principalmente a problemas heredados de la administración anterior, 32% cree que responde a una combinación de factores y 27% responsabiliza al Gobierno actual.

Las opiniones cambian según la posición política: el 62% de la derecha apunta a la herencia recibida, mientras el 50% de la izquierda atribuye la situación a las decisiones y acciones de la actual administración.

La encuesta Agenda Criteria fue aplicada el 13 de agosto mediante un panel en línea a 802 personas mayores de 18 años, residentes en todo el país. Se trata de un estudio cuantitativo no probabilístico, cuyos resultados fueron ponderados por zona, sexo, edad y nivel socioeconómico.