Fiscalía citará a autoridades para esclarecer responsabilidades tras aluvión en Las Condes

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Autor: Cooperativa.cl

El persecutor adjunto Manuel Zará confirmó a Cooperativa que las primeras diligencias se enfocan en un eventual cuasidelito de lesiones.

"Queremos saber a quién llegó formalmente esta prevención y qué fue lo que se hizo con esta información", dijo sobre la advertencia emitida por Sernageomin en febrero.

Asimismo, señaló que buscan determinar "si existió una infracción del deber por parte de las autoridades de ejecutar obras que hubiesen mitigado" la catástrofe.

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"Estamos realizando diligencias desde el primer día, fijando fotográficamente el sitio del suceso y efectuando sobrevuelos aeropoliciales", detalló el fiscal.

La Fiscalía Metropolitana Oriente confirmó este martes a Cooperativa que los antecedentes preliminares sitúan el foco de la investigación penal por el aluvión que afectó el jueves pasado a la zona de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, en un eventual cuasidelito de lesiones, sin descartar que la tipificación pueda variar a medida que avancen las diligencias.

La indagatoria, encabezada por el fiscal adjunto especialista en materias de riesgo, Manuel Zará, junto al fiscal jefe de Las Condes, Francisco Lanas, busca esclarecer las eventuales responsabilidades penales e infracciones a los deberes de prevención por parte de las autoridades competentes antes del evento, que dejó un saldo de seis personas heridas y más de 2.000 viviendas con diversos niveles de daños.

"Estamos en las primeras etapas de la investigación, pero evidentemente puede encuadrarse en cuasidelitos de lesiones por los antecedentes que manejamos hasta el momento. Ese sería el marco punitivo por el cual estaríamos investigando en este preciso momento, sin perjuicio de que, al existir mayores antecedentes, pudiesen concurrir otro tipo de delitos", dijo Zará a El Diario de Cooperativa.

Advertencias y deberes de prevención

Uno de los principales focos de la investigación será determinar qué organismos y autoridades tenían la obligación de anticiparse al riesgo y qué acciones adoptaron tras recibir información sobre la posibilidad de nuevos eventos de este tipo.

En ese contexto, el fiscal indicó que se revisará la advertencia emitida por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) en febrero, luego del aluvión de menor magnitud ocurrido a fines de enero.

"Queremos saber a quién llegó formalmente esta prevención, este aviso, y qué fue lo que se hizo con esta información", sostuvo Zará.

El persecutor explicó que la investigación deberá reconstruir el marco normativo aplicable, identificar a las autoridades responsables y establecer cuáles eran sus obligaciones concretas frente al riesgo.

"Tenemos que determinar si existió una infracción del deber por parte de las autoridades de ejecutar obras que hubiesen mitigado un evento que, si bien es imposible de evitar, es posible de prever", afirmó.

Entre los antecedentes mencionados durante la entrevista figuran las mallas de contención que no estaban instaladas, los proyectos de mitigación pendientes, la limpieza de quebradas y las eventuales deficiencias en los sistemas de alerta.

Sin embargo, Zará advirtió que la existencia de obligaciones preventivas incumplidas no bastará, por sí sola, para establecer responsabilidades penales. También será necesario "analizar si es que, incluso existiendo personas que tenían el deber de haber actuado, y teniendo la información y todos los medios posibles a mano, se pudo haber realmente realizado alguna obra que hubiese contenido este aluvión", señaló.

Peritajes determinarán si las obras habrían mitigado los daños

Para establecer la eficacia de las medidas que no se concretaron, la Fiscalía recurrirá a especialistas y peritajes técnicos que permitan evaluar las características del aluvión y las alternativas de contención disponibles.

El fiscal mencionó, entre las posibilidades que deberán analizarse, la construcción de piscinas de decantación, utilizadas en otros sectores de la ciudad para mitigar los efectos de este tipo de fenómenos.

"Vendrán etapas de peritajes técnicos donde nos podrá decir —más allá de una autoridad, (sino) alguien que maneje técnicamente este tipo de situaciones— si, por ejemplo, con la construcción de unas piscinas de decantación (...) podría haber sido efectiva una medida para poder al menos mitigar en parte los daños que produjo un aluvión como el que pudimos observar en Las Condes", puntualizó.

La investigación también deberá establecer si existían condiciones para emitir alertas oportunas a la población y si estas habrían podido resultar efectivas frente a la rapidez con que se desarrolló la emergencia.

"Tenemos que determinar si esas alertas también hubiesen sido efectivas, incluso si se hubiesen mandado inmediatamente. Eso también va a ser materia de la investigación", agregó.

MOP y Minvu, entre los organismos bajo análisis

En cuanto a las eventuales responsabilidades institucionales, Zará señaló que una de las normas que orienta las primeras diligencias es la Ley 19.525, que regula los sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias.

Según profundizó, "dentro de las instituciones que comparten, bajo la normativa que ya he citado, la responsabilidad primaria en cuanto a prever este tipo de eventos están el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo".

No obstante, el persecutor descartó que, en esta etapa, sea posible atribuir responsabilidades a una autoridad determinada.

Consultado sobre la eventual participación del ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, Zará respondió que hacerlo sería "absolutamente muy aventurado", y recalcó que primero se debe establecer qué personas tenían obligaciones específicas y si incumplieron sus deberes.

En esa línea, enfatizó que la Fiscalía citará a declarar a las autoridades vinculadas con las obligaciones legales de evacuación y drenaje de aguas lluvias para la capital.

"Vamos a citar a todas las autoridades que tengan relación y obligaciones normativas respecto a la evacuación y drenaje de aguas lluvias para el Gran Santiago", aseguró.

Diligencias comenzaron desde el primer día

En paralelo al análisis de las eventuales responsabilidades, la Fiscalía trabaja en el levantamiento de antecedentes sobre la emergencia, sus consecuencias y la extensión territorial de los daños.

Zará subrayó que "estamos realizando diligencias desde el primer día", en coordinación con el Laboratorio de Criminalística (Labocar) y el OS9 de Carabineros.

Entre las actuaciones realizadas mencionó el registro fotográfico del sitio del suceso y sobrevuelos junto a la Prefectura Aeropolicial de Carabineros, con participación de peritos, para determinar la extensión de la zona afectada.

"Estamos en la etapa del levantamiento de información; fijar fotográficamente el sitio del suceso", reveló.

"También tenemos que definir precisamente cuántas personas lesionadas tenemos. El número podría ir creciendo durante los próximos días, toda vez que se van haciendo a veces denuncias más bien atomizadas", añadió. 

Una vez consolidada esa información, la investigación avanzará en la identificación de los organismos y funcionarios que tenían el deber de actuar.

Finalmente, respecto de la posibilidad de extender las diligencias a las autorizaciones urbanísticas que permitieron construir viviendas y otras instalaciones en sectores cercanos a quebradas, el fiscal reconoció que "se hace muy complejo que podamos retroceder a tales niveles respecto a una investigación".

"Es evidente que la construcción de viviendas y de otras estructuras ha ido avanzando con el tiempo y se han instalado en lugares que podrían ser tildados de peligrosos; sin embargo, siempre pueden existir las obras civiles que puedan mitigar y prever cualquier situación como la que hemos vivido y, en ese caso, lo que a nosotros nos interesa es centrarnos puntualmente en el aluvión producido en Las Condes", concluyó Zará.