Caso Rabat: Contraloría llegó al Ministerio de Justicia para recabar antecedentes
La diligencia obedeció a múltiples requerimientos para que el ente fiscalizador se pronuncie sobre los decretos que rebajaron condenas a pederastas.
El titular de la cartera, Fernando Rabat, le bajó el perfil: "Ocurre normalmente con la administración del Estado, para requerir información".
Desde la oposición señalaron que la concurrencia presencial de los funcionarios refleja la delicadeza y severidad de las eventuales irregularidades en los decretos firmados por el ministro y el exsubsecretario Silva.
Funcionarios de la Contraloría General de la República se constituyeron este miércoles en dependencias del Ministerio de Justicia para recabar antecedentes relativos a los decretos de rebajas de condenas otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
La diligencia responde a múltiples requerimientos que ha recibido el ente fiscalizador para pronunciarse sobre los criterios aplicados en la emisión de dichos beneficios por parte del actual Gobierno.
El ministro Fernando Rabat confirmó que personal de la Contraloría se constituyó en el ministerio de justicia debido a los requerimientos que ha recibido el ente fiscalizador en el caso de los decretos de rebaja de condenas. @Cooperativa
— Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) November 4, 2026
Al ser consultado en el Congreso, el titular de Justicia, Fernando Rabat, le bajó el perfil a la inspección, al señalar que la "Contraloría General de la República habitualmente está efectuando distintas fiscalizaciones y requiere antecedentes para cumplir con el rol que le asigna la Constitución".
"En esta materia también se constituyó en el Ministerio de Justicia -como ocurre normalmente con la administración del Estado- para requerir información relativa a estos decretos", explicó, precisando que los fiscalizadores no se entrevista directamente con él.
Posteriormente, Rabat señaló que tiene "decenas de requerimientos de información. En alguno de ellos, incluso están pidiendo la información desde el año 2003; o sea, estamos hablando de muchos datos y los vamos a entregar; estamos trabajando para hacerlo lo más pronto posible".
Por su parte, la contralora Dorothy Pérez evitó referirse al tema: "Gracias por su interés, pero no vamos a hacer declaraciones", respondió al ser consultada sobre cuándo se pronunciará la Contraloría sobre las peticiones parlamentarias para transparentar los decretos.
Interpretaciones de lado y lado
Desde el oficialismo argumentaron que la acción fiscalizadora se trata de un procedimiento habitual por parte de Contraloría ante solicitudes de pronunciamiento determinado sobre algún tema.
En tanto, desde la oposición afirmaron que la concurrencia física de funcionarios -en vez de un requerimiento formal vía correo electrónico- refleja la delicadeza y severidad de las irregularidades en torno a la rebaja de condenas.
El diputado socialista Raúl Leiva indicó que "el requerimiento de la oposición es (la transparencia) de 56 decretos dictados desde el 11 de marzo, cuando asume el ministro Rabat. Sin embargo, en una función obstruccionista, la derecha le ha pedido todos los decretos".
"El titular de Justicia alude que está juntando (la información) desde el 2002 a la fecha. Lamentablemente, se escuda en esa solicitud que hace el propio oficialismo, gente que quiere obstruir el accionar de una adecuada acción constitucional y, por consiguiente, rehúye la labor fiscalizadora" de la Cámara, acusó.