La industria salmonera y la Multigremial Nacional recordaron que en la ley SBAP se rechazó una indicación que apuntaba a lo mismo.
"Es una irresponsabilidad hacia las regiones de la zona sur", alegaron.
Malestar generó en la industria salmonera y en la Multigremial Nacional un oficio del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) que ordenó suspender el procedimiento de otorgamiento de concesiones acuícolas en áreas protegidas que no cuenten con un plan de manejo vigente.
Se trata de un instructivo enviado a enviado a los ministerios de Defensa, Economía, Bienes Nacionales, Hacienda, Energía, Minería, Agricultura y Justicia, así como también la Corte Suprema, el 22 de septiembre de 2023, en relación con el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), recientemente aprobado luego de 13 años de discusión en el Congreso.
En la tramitación del proyecto se rechazó la medida de prohibir las concesiones salmoneras en áreas protegidas, norma que era cuestionada por la industria salmonera. Sin embargo, según publicó Pulso, que reveló el documento, el nuevo instructivo del MMA viene a reinterpretar la ley, para producir el mismo efecto que tenía la reforma legal frustrada.
El oficio indica que "mientras un área protegida, independiente de su categoría de protección, no cuente con un plan de manejo vigente, no podrán otorgarse concesiones, debiendo quedar suspendida la tramitación del procedimiento".
De esa manera, la explotación algunos bienes o servicios quedará suspendida en pleno derecho, hasta la aprobación del respectivo plan de manejo, "de forma tal de evaluar la compatibilidad que exige el artículo en comento".
Pulso señaló que el oficio enviado "no ordena a los distintos órganos del Estado, sino que comunica una disposición legal que entró en vigencia", y que va en línea con lo que establece la Ley 21.600.
A través de un comunicado, el presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett, señaló que "la ministra (de Medio Ambiente, Maisa) Rojas insiste en eliminar a la industria del salmón de áreas protegidas, pero no considera que existen 400 concesiones que generan empleo y que se verían seriamente afectadas, sin tener un plan alternativo efectivo que solucione los efectos de esta drástica decisión".
"El anuncio del Gobierno es grave porque pretende eliminar las concesiones sin una alternativa realista y viable, impidiendo el derecho a trabajar de miles de familias que viven de esta industria en siete regiones. Basta con revisar los mapas para darse cuenta que no hay dónde moverse porque todo está solicitado como área protegida o como área indígena, lo que nos parece una irresponsabilidad hacia las regiones de la zona sur y sus habitantes que sufren abandono permanente", detalló el dirigente.
Por su parte, la presidenta de la Asociación Gremial de Proveedores de la Industria Acuícola de Aysén (Acuiprov AG), Katia Inostroza, llamó a "dejar de legislar desde Santiago, a escuchar el sentir de la Región de Aysén y en conjunto analizar soluciones razonables que apunten a una descentralización efectiva y un desarrollo armónico en el borde costero. El ministerio debe respetar a la macrozona sur que mueve 3.000 millones de dólares al año, aportando al desarrollo del país".
En tanto, la Asociación Gremial AgrupAysén dijo que "quienes pierden con estas declaraciones de la autoridad ministerial somos los habitantes del territorio, los cientos de Pymes de la región que generamos empleos y dinamizamos la economía regional a partir de la participación en la cadena de valor de las actividades de acuicultura y pesca que se realizan en nuestro maritorio y que, dicho sea de paso, generan más del 35% del PIB regional".
