"Tiene que terminarse toda prisión de lujo", dijo el abogado y ex embajador comunista.
Hernán Larraín, presidente de la UDI, señaló que "razones de seguridad" pueden justificar su permanencia.
La reapertura del "caso quemados vivos" y la muerte de Manuel Contreras han vuelto a poner sobre el debate las condiciones penitenciarias de los violadores de derechos humanos.
La reapertura de la investigación del "caso quemados vivos" durante julio y la muerte -el viernes último- de Manuel Contreras volvieron a poner sobre el debate las condiciones penitenciarias en las que se encuentran los violadores de derechos humanos en Chile.
Tal como ocurrió durante la conmemoración de los 40 años de del golpe militar, en 2013, durante las últimas semanas se han multiplicado las voces que solicitan el cierre de Punta Peuco, a semejanza de lo resuelto por el ex Presidente Piñera respecto del penal Cordillera.
"Tiene que llevarse dignidad a este proceso. Me refiero a que tiene que terminarse toda prisión de lujo, aquí no puede seguir existiendo Punta Peuco", afirmó el abogado de derechos humanos Eduardo Contreras, ex embajador de Chile en Uruguay.
"Ya se cerró el penal Cordillera", recordó el militante comunista, quien planteó como posibilidad alternativa, si no se accede al cierre de dicha prisión para criminales de lesa humanidad, "trasladar reos comunes a Punta Peuco".
Discrepó de esta postura el senador y presidente de la UDI, Hernán Larraín: "Así como hay razones para separar a las mujeres de los hombres en los penales, o a los jóvenes de los adultos, también puede haber razones de seguridad que expliquen penales distintos", señaló.
"Lo que en esta materia importa no es que haya penales diferentes, lo que importa es que todos tengan el mismo trato", agregó el líder gremialista.
Unir comisiones en el Senado
Degradar a los militares condenados por violaciones a los derechos humanos y adoptar medidas en el ámbito legislativo han sido opciones que han saltado también durante los últimos días a la palestra.
El presidente del Senado, Patricio Walker (DC), planteó la semana pasada, tras una reunión transversal de legisladores con Carmen Gloria Quintana, la conformación de "comisiones unidas de Derechos Humanos y Constitución, para que exista un trabajo permanente y sistemático en esta materia".
"Se presentará un proyecto de acuerdo transversal en la Cámara Alta que buscará crear una comisión permanente de derechos humanos, integrando las comisiones de Constitución y Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía", señaló Walker.
Consultado a este respecto, el senador RN Alberto Espina afirmó que aún no logra "entender qué es lo que quiere decir el presidente del Senado, porque hay una Comisión de Derechos Humanos permanente y una Comisión de Constitución, Legislación y Justicia Permanente".
"Lo que él puede estar tratando de plantear es fusionarlas, lo que significa retrasar, incluso el despacho de muchas iniciativas legales", criticó Espina.
