El Gobierno de Argentina reprochó este viernes a la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera del país, el haber convocado este jueves a una huelga general como protesta contra las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei, a tres semanas de su investidura.
"Nos pareció llamativo que la dirigencia sindical esté en contra de las reformas que proponemos para el mundo del trabajo cuando la situación económica es crítica", afirmó en rueda de prensa el portavoz del Gobierno, Manuel Adorni, quien reivindicó la necesidad de modernizar la normativa laboral.
Asimismo, el vocero llamó la atención sobre el hecho de que la CGT no hubiera convocado huelga alguna durante el Gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023) cuando, en su opinión, esa Administración dejó a los trabajadores con "malos salarios" y en buena parte en la informalidad.
EL LLAMADO DE LA CONFEDERACIÓN
Y es que una de las mayores sindicales obreras del país resolvió, este jueves, convocar a huelga general y a una concentración frente al Congreso de la Nación el próximo 24 de enero, un día antes de la fecha en la que el Ejecutivo pretende que se vote en el Parlamento el polémico paquete de reformas.
La central sindical, de orientación peronista, no lanzaba una medida de este tipo desde el Gobierno del conservador Mauricio Macri (2015-2019).
Además, el organismo se movilizó este miércoles para protestar contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado la semana pasada por Milei para desregular la economía, un instrumento que entró en vigencia este viernes y que se incluye en el proyecto de ley que el Ejecutivo envió al Parlamento el miércoles, con el objetivo de ser aprobado en su totalidad.
Dicho proyecto también llamó la atención por el resto de sus indicaciones, que busca declarar un estado de "emergencia pública" en la nación, atribuir facultades legislativas al presidente, reformar a la normativa electoral, privatizar más de 40 empresas estatales y cambiar el Código Penal, entre otros puntos.
De este modo, las medidas del Gobierno argentino no han escapado de polémicas y maniobras judiciales, cuya última consistió en buscar la inconstitucionalidad del DNU a solicitud del gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, a la cual el portavoz Adorni respondió diciendo que la ordenanza es "legal, constitucional y está enfocado íntegramente en la suma de libertades".
GOBERNADOR RECURRE A LA SUPREMA CONTRA EL DECRETO
El gobernador de la norteña provincia argentina de La Rioja, Ricardo Quintela, del Partido Justicialista (peronismo), decidió solicitar a la Corte Suprema que declare inconstitucional el decreto firmado por Milei, acción que fue instruida a los abogados Eugenio Raúl Zaffaroni, exmiembro de la Suprema argentina y exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y Raúl Gustavo Ferreyra.
Según Quintela, el decreto, que entró en vigencia hoy, produce "perjuicios irreparables a la ciudadanía" por resultar "contrario" a varios artículos de la Constitución Nacional de Argentina y al artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que compromete al desarrollo progresivo para la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas, invalidando la regresión en materia de derechos.
Además, el gobernador de La Rioja ha pedido a la Corte Suprema que dicte una medida cautelar que disponga la suspensión total de los efectos del decreto y ha solicitado también que ordene al Poder Ejecutivo "no aplicar ninguna de sus disposiciones hasta la resolución definitiva de la causa".
"Este reclamo que hago en nombre de mi provincia, busca en el Poder Judicial de la Nación un pronunciamiento que garantice la vigencia del Estado de derecho y consolide los valores de nuestra democracia", añade el mandatario provincial.
