La Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, anunció en Cooperativa la interposición de un recurso de protección en contra del polémico acuerdo entre la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y el Servicio Nacional de Menores.
La acción judicial fue presentada este mismo miércoles ante la Corte de Apelaciones de Santiago para dejar sin efecto este convenio que, afirmó, representa "manifiesta, brutal e inadmisible discriminación" contra los niños, niñas y adolescentes del Sename.
De acuerdo a la denuncia del sindicato de trabajadores (Sintrasub-Sename) conocida ayer martes, este "convenio de colaboración y coordinación" llevado a cabo en febrero pasado permite facilitar "acceso de información que posee Sename y que la ANI considere relevante y pertinente para generar inteligencia, estableciéndose una alianza estratégica de cooperación institucional".
Ante ello, Muñoz expresó en Una Nueva Mañana que "se ha vulnerado de manera flagrante, a través de un acto ilegal y arbitrario que han cometido estas dos instituciones, (...) la privacidad, el derecho a la vida privada de niños, niñas y adolescentes, el derecho a la honra y también infringe de manera muy violenta el principio de no discriminación".
"Es un convenio genérico, por lo tanto, incluye a los niños que están sujetos a protección, a programas ambulatorios, como también a los que están vinculados a responsabilidad penal adolescente", advirtió.
La Defensora, quien también puso "en antecedente" de esta situación al Comité de los Derechos del Niño de la ONU, cuestionó que el Sename "se permite, en vez de ejecutar las acciones de protección, lisa y llanamente hacer una entrega indiscriminada de información a una agencia destinada a criminalizar y estigmatizar a este grupo de población".
"Hay algo que no es un riesgo, es una realidad: La manifiesta, brutal e inadmisible discriminación, la inadmisible estigmatización y criminalización que este convenio refleja, en orden a cómo el Estado, a través de quienes dirigen estos servicios hoy, están observando a este grupo de niños como potenciales elementos necesarios de conocer para efectos de poder determinar situaciones criminales como las que investiga la ANI, eso ya es un daño brutal", aseveró la Defensora de la Niñez.
Gobierno le resta importancia a la polémica
Desde La Moneda, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, le restó importancia a esta polémica, señalando que "es bastante común y normal que entre distintas instituciones del Estado se realicen convenios de colaboración en el traspaso de información para los fines propios de cada institución, ese convenio se da en ese marco".
"Ese convenio era público, conocido, porque estaba alojado en la página de Transparencia del Sename, como corresponde, y por lo tanto no tiene mayor elemento de novedad y, además, se rige por normas muy estrictas de protección de la información", agregó.
"De hecho -manifestó el ministro Blumel-, hay normas penales en el caso de mal uso de la información, por lo tanto, no tiene mayor significancia que la colaboración en el traspaso de información reglado, con derechos y deberes claros, entre distintas instituciones del Estado".
Sin embargo, la Defensora de la Niñez respondió en Cooperativa que la ley "contempla la posibilidad de que la ANI requiera información a organismos del Estado, pero para los fines que tiene previstos para el cumplimiento de su objetivo".
"Los objetivos de la ANI están radicados precisamente en la generación de inteligencia y en la generación de investigaciones que tienen que ver a la protección de la soberanía del Estado, al combate del terrorismo, situaciones que no se vislumbran de qué manera podrían ser concordantes la información contenida" en el Sename, apuntó.
Además, Muñoz recordó que "hay prohibición expresa de persecución por delitos de terrorismo respecto de niños, niñas y adolescentes, por lo tanto, no tendría ningún asidero legal que se esté requiriendo esta información por esa vía".
