Representantes de la sociedad civil y organizaciones de migrantes presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la vulneración de derechos de las personas extranjeras en Chile por parte del Estado.
En la audiencia se apuntó principalmente a las órdenes de expulsión masiva, el proyecto de migraciones del Gobierno de Sebastián Piñera y el plan de fiscalización de la Subsecretaría del Interior, que tiene el objetivo de buscar a personas en situación irregular.
Frente a la comisión expuso Macarena Rodríguez, directora de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado, quien afirmó que "si consideramos que esas expulsiones provienen de una situación aún más grave y es que esas personas muchas veces ni siquiera saben que van a ser expulsadas".
La profesional remarcó que en estos casos "hay otros derechos en juego, como una familia, el interés superior de un niño, un arraigo importante".
El abogado Marcel Didier, miembro del Observatorio Ciudadano, comentó que "el discurso público de parte de autoridades asocia una y otra vez a la migración con la delincuencia, así como con causantes de enfermedades, lo que eleva el clima de tensión entre los nacionales y la población extranjera".
"El Presidente Piñera incluso llegó a decir que cerrará la puerta con machetes a aquellos extranjeros que vengan a delinquir. La política migratoria parece ser más acciones comunicacionales que una política con enfoque en derechos", dijo.
Respuesta del Ejecutivo
En la audiencia también participó Mijail Bonito, asesor de Migraciones del Ministerio del Interior, quien expuso sobre el citado plan de la Subsecretaría dirigida por Rodrigo Ubilla, y afirmó que el Gobierno no tiene una meta de expulsiones.
"Cuando se encuentra una infracción migratoria en las fiscalizaciones, lo primero que se hace es citarlo, denunciarlo por la Policía de Investigaciones. Según el tipo de infracción detectada, el Departamento de Extranjería y Migraciones le da a la persona un plazo determinado para comenzar su proceso de solicitud de cualquier tipo de visado y aquellos casos en que corresponda abrir un procedimiento sancionatorio o de expulsión se realiza como corresponde a derecho", recalcó.
