"Escuelas Protegidas": Congreso despacha ley que sanciona hechos de violencia en colegios

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes las modificaciones que el Senado introdujo al proyecto de ley "Escuelas Protegidas", que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa, quedando lista para su promulgación.

Pese a que algunos parlamentarios expresaron sus dudas sobre la iniciativa, llamando a perfeccionar el texto en una comisión técnica, la propuesta recibió el respaldo necesario -105 votos a favor y 46 en contra- y Chile contará con una nueva ley de seguridad escolar de forma inmediata.

✅A LEY | La Cámara aprueba las modificaciones del Senado del proyecto que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa.

Se despacha del Congreso.

— Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) June 2, 2026

Aunque tuvo una aprobación mayoritaria, legisladores del Partido Socialista, Frente Amplio y el PPD manifestaron sus reparos. Las críticas se centran en que la normativa podría vulnerar garantías fundamentales.

En el debate se hizo hincapié en que esta ley "no es una solución para combatir o prevenir la violencia en las comunidades educativas ni ataca problemas estructurales de violencia en la sociedad o los problemas de salud mental", además de cuestionar la revisión de pertenencias por afectar el derecho a la vida privada y la honra de los menores.

La ministra de Educación, María Paz Arzola, agradeció a quienes votaron a favor de la propuesta: "En el Senado se le hicieron algunos cambios que lo que buscaron fue atender algunas aprensiones muy legítimas, pero en definitiva la esencia de esta iniciativa no ha cambiado, sigue cumpliendo su propósito".

"Por lo tanto, estamos conformes de poder sacar adelante esta iniciativa y poner a disposición de los colegios y de los educadores, los profesores, asistentes de la educación, nuevas herramientas para enfrentar este problema que es la violencia", afirmó.

Inspección de pertenencias y protocolos policiales

Uno de los puntos más debatidos fue la facultad otorgada a los sostenedores para modificar sus reglamentos internos e incluir revisiones preventivas. La norma indica que se podrán "revisar mochilas, bolsos u otros efectos personales de los estudiantes, excluidas sus vestimentas", aunque se sumó la posibilidad de solicitar que el alumno vacíe sus propios bolsillos voluntariamente.

Si esta negativa persiste, incluso en presencia de sus padres o apoderados, estos deberán retirar las pertenencias del establecimiento y el sostenedor deberá informar a la Oficina Local de la Niñez.

De hallarse objetos peligrosos, la denuncia a las policías debe ser inmediata.

También se estableció que perderán el beneficio de la gratuidad en educación superior aquellos estudiantes condenados por delitos que atenten contra la vida, la integridad física o la propiedad, especialmente si estos ocurren dentro o en las inmediaciones de los planteles.

Asimismo, los adultos condenados por delitos cometidos en contra de un profesional o asistente de la educación tendrán prohibición de celebrar contratos con el Estado por 3 años.

Además, los recintos podrán suspender el derecho de admisión a padres o tutores que agredan al personal o a otros alumnos por cualquier vía, incluida la digital.

Posturas encontradas en el Congreso

El debate evidenció dos visiones sobre cómo enfrentar la crisis de convivencia en las aulas. Por un lado, sectores que valoran el endurecimiento de los controles y, por otro, quienes consideran que el enfoque es excesivamente punitivo.

El diputado Juan Santana (PS) fue crítico con el fondo de la propuesta original y aseguró que "sigue siendo un mal proyecto, por lo tanto, mantenemos nuestras críticas a su contenido de fondo".

"Creemos que los problemas de convivencia escolar no se solucionan mediante registros y controles punitivos, sin perjuicio de aquello existen algunas modificaciones introducidas en el Senado que vale la pena destacar, ya que apuntan a mitigar los aspectos problemáticos del texto original, incorporando mayores resguardos y garantías en los procesos de revisión", analizó el parlamentario.

En la vereda opuesta, la diputada Gloria Naveillán, del Partido Nacional Libertario, afirmó que "Escuelas Protegidas es un buen proyecto" y "un primer avance" en la materia, advirtiendo "tenemos que avanzar aún más" dada la violencia que se registra en los recintos educacionales.

"Desgraciadamente estamos viendo que se ha destruido buena parte de los colegios de excelencia de la educación pública producto de la violencia, producto de estas personas que lo único que hacen es 'armar boche'. Esto mismo debiera de ser extensivo a las universidades", puntualizó la diputada.

Seguridad vs. prevención: El llamado de la Defensoría de la Niñez

Uno de los puntos más polémicos del proyecto es la inclusión de facultades para la revisión de mochilas, la prohibición de capuchas y sanciones directas por la toma de establecimientos.

Ante esto, el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, advirtió que "la violencia en las comunidades educativas es una situación grave y que sin duda requiere una respuesta clara por parte del Estado, (pero) "también hemos advertido que es muy importante legislar en base a la evidencia, y lo que la evidencia nos muestra es que solamente aumentar penas no previene los hechos ni protege efectivamente a niños, niñas y adolescentes".

Según advirtió, "este debate no puede quedar reducido solo a un análisis de seguridad o solo a un enfoque punitivo".

"Debe ser abordado como sociedad, es por ello por lo que se requiere una respuesta integral que considere la prevención, la salud mental, el fortalecimiento de los equipos de convivencia escolar, una intervención temprana y una protección efectiva de toda la comunidad educativa", puntualizó.