Entre la revisión de mochilas y críticas por "criminalización", el Senado discute en particular la propuesta que endurece las sanciones por violencia escolar.
El avance del proyecto de ley "Escuelas protegidas" ha generado un intenso debate en el Congreso Nacional. Tras ser aprobada la idea de legislar con 24 votos a favor en el Senado, la iniciativa, que tiene urgencia de discusión inmediata, entra este miércoles en su fase de revisión en particular.
El proyecto busca frenar la escalada de violencia en las aulas mediante medidas polémicas como la revisión de mochilas y la pérdida de beneficios estatales, como la gratuidad, para estudiantes condenados por delitos graves.
El Ejecutivo tiene un objetivo claro: convertir el proyecto en ley antes del 1 de junio. Según señaló el ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, la urgencia responde a la necesidad de mostrar avances antes de la próxima cuenta pública presidencial: "Para nosotros sería muy bueno que a lo menos terminara su trámite legislativo en el Senado hoy día o mañana. El ideal es que se despache íntegramente, completamente, complete su trámite legislativo y se vaya a ley".
La urgencia legislativa se respalda en cifras críticas entregadas por la Superintendencia de Educación, que reporta 17.000 denuncias por convivencia escolar. A esto se suma el dato de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que alerta que el 50% de los establecimientos del país han requerido intervención policial en el último año.
Sin embargo, la propuesta no genera consenso absoluto. Desde el oficialismo, el senador Rojo Edwards defiende la necesidad de sanciones ejemplares: "Que se envíe una señal clara de que quemar los colegios, quitarles el derecho a la educación a otros en base a paros y violencia, no es una conducta aceptable y que va a tener consecuencias. Espero que tengamos un buen proyecto de ley que realmente nos ayude a combatir esta epidemia de violencia".
En la contraparte, la senadora Claudia Pascual (PC) criticó el cariz del proyecto, asegurando que se está perdiendo el foco pedagógico: "La propuesta actual del gobierno prioriza un enfoque de criminalización por sobre uno educativo y preventivo. La dimensión de la seguridad en los establecimientos educacionales debe ser comprendida desde la protección de los estudiantes".
Una de las críticas más punzantes provino del Colegio de Profesoras y Profesores. Su presidente, Mario Aguilar, calificó la iniciativa de superficial e insuficiente para la magnitud de la crisis social que atraviesan los entornos educativos.
"Nosotros decimos que es un proyecto absolutamente insuficiente a la gravedad y profundidad del problema de la violencia en las escuelas. Creemos que es un proyecto más bien efectista, que no aborda los temas de fondo y que difícilmente va a resolver el problema mientras no se aborden los temas de salud mental", sentenció el dirigente.
El líder gremial insistió en que el Estado debe mirar hacia la salud mental y la problemática social de las familias antes de limitar el debate a la vigilancia y las sanciones. Esta visión es compartida por la Defensoría de la Niñez, organismo que ha instado a no reducir la crisis de convivencia a un simple problema de seguridad pública.
La revisión en particular en el Senado iniciará este miércoles a las 16:00 horas, tras lo cual el texto pasará a su tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputados.
