El presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, expresó este lunes su preocupación por el veto presidencial al proyecto de ley que apunta a combatir las usurpaciones, advirtiendo que puede pasar a llevar la "voluntad democrática" del Congreso y causar un malestar en la ciudadanía.
La iniciativa sobre usurpaciones fue aprobada a fines de agosto por el Senado y visada por la Cámara de Diputadas y Diputados, por lo que quedó despachada. Sin embargo, quedó la indicación que incorpora la polémica figura de la "legítima defensa privilegiada", por lo que se anunció que se ingresará un veto presidencial.
La situación implica que el Congreso tendrá que aceptar las observaciones del Mandatario, ya sea incluir vetos aditivos, supresivos o sustitutivos o una mezcla -depende de la fórmula que elija el Gobierno- o se necesitará dos tercios para mantener lo ya aprobado.
Frente a este panorama, Macaya aseguró que le preocupa "de sobremanera" las señales que entrega el Ejecutivo en materia de vetos, dado que "puede vulnerar la voluntad mayoritaria que ya fue expresada en el Parlamento".
"El Gobierno tiene que entender que si presenta un mal veto, no lo hemos conocido, no conocemos los alcances, entendemos que se está conversando en parte con la ministra (Carolina) Tohá de esto, la señal que se le está entregando a la ciudadanía es que se pueden estar poniendo del lado de los usurpadores", alertó el parlamentario opositor.
"Nosotros para eso no vamos a estar disponibles, nosotros estamos del lado de las víctimas", profundizó en su análisis.
"NO PRIMÓ EL SENTIDO JURÍDICO NI EL SENTIDO COMÚN"
Por su parte, la timonel del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, afirmó que aunque hubo una aprobación mayoritaria de este proyecto, el legislativo no hizo un buen trabajo y se requiere modificar parte de su contenido.
"No primó el sentido jurídico, el sentido común en la discusión de la ley. Como Partido Socialista, al menos en el Senado, todos apoyamos entusiastamente este proyecto, pero eso no quiere decir que el Estado renuncie a la función que tiene por antonomasia, que es la de tener el monopolio de la fuerza", analizó la senadora.
En esta línea, indicó que no se puede entregar a los privados "la posibilidad de ir a defenderse en cualquier momento e incluso armado, y que eso esté tolerado por la ley. Eso es lo que se ha llamado la legítima defensa privilegiada y ese es el motivo principal que tiene este veto que va a introducir el Ejecutivo".
Desde el Gobierno, en tanto, la ministra vocera, Camila Vallejo, aseguró que "el veto se tiene que hacer cargo de lo que hemos dicho desde un inicio: resolver aquello que se aprobó en torno a la legítima defensa privilegiada o el autotutelaje, evitar a toda costa que esta ley se use para instaurar la ley de la selva. Eso está en el centro de nuestro interés respecto al veto".
"No podemos adelantar el tipo de veto, está en plenas conversaciones, que van a seguir, y por el bien de esas conversaciones y que lleguen a un buen puerto, más detalles no puedo dar", explicó la secretaria de Estado.
En el marco de la agenda de seguridad que ha impulsado el Gobierno, la Cámara Baja votará este lunes -tercer trámite legislativo y podría ser despachado- el proyecto que obliga a las policías a efectuar registros audiovisuales de sus actuaciones autónomas en procedimientos.
