Ministro de Justicia: Hay total continuidad en el Programa de Derechos Humanos

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, aseguró este martes, en El Diario de Cooperativa, que existe "total continuidad" en el Programa de Derechos Humanos de su ramo, dedicado a la búsqueda de justicia, verdad y reparación para víctimas de crímenes cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), disipando las dudas surgidas tras el instructivo de Hacienda que solicita un recorte presupuestario del 3% a todas las carteras.

Según el secretario de Estado, aunque se está trabajando en dicho ajuste, este se concentrará en áreas como infraestructura, viáticos y horas extraordinarias, sin tocar la asignación presupuestaria de los programas de Derechos Humanos ni de servicios esenciales como el Registro Civil o el Servicio Médico Legal.

"Lo que evidentemente ha sido una preocupación en estos días, y con justa razón, respecto a lo que se refiere al Programa de Derechos Humanos, no se va a modificar la asignación presupuestaria que le va a corresponder en la Ley de Presupuesto siguiente, y en eso hemos sido también extremadamente claros", afirmó Rabat.

Creado en 1997 en el Ministerio del Interior para continuar la labor de la Comisión Rettig, el Programa de Derechos Humanos fue traspasado en 2016 a la Subsecretaría de Derechos Humanos.

El órgano brinda asistencia legal y social a familiares, gestiona políticas de memoria y, además, es un ejecutor clave en el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia para víctimas de desaparición forzada.

Rabat informó que el Programa de Derechos Humanos se encuentra en una fase de ajuste tras ser retirado de Contraloría para integrar comentarios de 81 reparticiones estatales. "El plazo vence hoy y esperamos reingresarlo pronto", indicó, comparando los tiempos de tramitación con administraciones anteriores.

Respecto al Plan Nacional de Búsqueda, el ministro descartó cualquier debilitamiento tras la salida de algunos funcionarios. Confirmó la contratación de nuevos profesionales de "primer nivel" para las áreas judicial y de memoria histórica, y anunció reuniones con ministros en visita para coordinar los procesos penales.

"Es decir, hay total continuidad en lo que ha sido el Programa de Derechos Humanos", garantizó. 

Controversia por alegatos en causas de lesa humanidad

A renglón seguido, Rabat descartó la existencia de una orden general a los abogados del Programa de Derechos Humanos para no alegar ante tribunales por casos de condenados por delitos de lesa humanidad y subrayó que en situaciones específicas de enajenación mental se ha optado por no apelar; un criterio que, según explicó, también se aplicó en administraciones previas sin generar controversia.

"No existe una instrucción, ni mía ni tampoco del subsecretario de Derechos Humanos, en orden general a establecer que no se van a alegar estas causas. Lo que ocurrió con una causa en particular es que se adoptó una decisión de no apelar una decisión de la Corte de Apelaciones de San Miguel", señaló el ministro.

"Esto no es un cambio: con anterioridad, el Programa de Derechos Humanos tampoco apeló de decisiones de ministros en visita que establecieron la suspensión de condena frente a condenados que se encontraban en situación de enajenación mental. Incluso, respecto del mismo señor Manríquez (el exagente de la DINA César Manríquez), que ha generado toda la polémica, el mismo programa no apeló la decisión. Entonces, no se generó polémica. Nadie efectuó ninguna imputación. Hoy día sí se efectúa polémica y sí hay imputación", enfatizó.

Reformas en curso: ética profesional y responsabilidad parental

En el ámbito legislativo, Rabat destacó en Cooperativa el ingreso de indicaciones para el control ético obligatorio de los abogados, en busca de dar mayor prestigio al sistema judicial tras casos de corrupción de alta connotación pública.

"Detrás de cada caso corrupción hay un abogado y a eso hay que ponerle coto y fin lo antes posible", manifestó el ministro.

Asimismo, detalló los alcances del proyecto que busca establecer un nuevo régimen de responsabilidad parental, con el objetivo de reforzar el involucramiento efectivo de las familias en la formación de niños, niñas y adolescentes.

La propuesta busca superar las limitaciones del sistema actual, donde si bien existen normas en el Código Civil, estas resultan poco aplicadas en la práctica debido a la extensión de los procedimientos judiciales.

El objetivo, dijo el titular de Justicia, es lograr "un procedimiento que sea mucho más expedito que el de la justicia ordinaria" y que sea indemnizatorio, con un enfoque que "no es un criterio sancionador, sino un criterio colaborador: para colaborar con los padres para que podamos educar adecuadamente a nuestros hijos". 

Crisis carcelaria e infraestructura: "El hacinamiento penal no es algo que podamos tolerar en el corto tiempo"

Finalmente, el ministro abordó la crisis de hacinamiento carcelario, que alcanza un 140% de sobrepoblación.

"La sobrepoblación penal, el hacinamiento penal, no es algo que podamos tolerar en el corto tiempo y, por lo tanto, lo que tenemos como país que lograr es la construcción y ampliación de recintos penitenciarios que nos permitan terminar o morigerar esa situación", sostuvo. 

Rabat anunció un plan para "crear en el más corto tiempo 20.000 plazas nuevas" mediante un convenio con el Ministerio de Obras Públicas.

"Nosotros queremos en dos años ojalá poder tener la construcción ya de cárceles operando", anticipó. 

Entre las medidas inmediatas figura la inauguración de la cárcel La Laguna en la Región del Maule para "los primeros días de junio" y el inicio de obras de un nuevo recinto en la Región de Atacama.