"Hubo abandono, engaño y abuso": Dueño de megatoma de San Antonio arremetió contra el Estado
El empresario Esteban Solari relató por primera vez los detalles del conflicto tras la ocupación ilegal de 260 hectáreas en el cerro Centinela.
Asegura que la Administración anterior dilató deliberadamente la orden de desalojo para traspasar el conflicto.
"El Estado quiere quedarse con los terrenos a un vil precio, perjudicando a los dueños", denunció el propietario.
Esteban Solari Bertoglia, propietario de las 260 hectáreas del cerro Centinela ocupadas por 4.000 familias desde octubre de 2019 en la denominada "megatoma de San Antonio", rompió siete años de silencio para denunciar que el Estado incurrió en "abandono, engaño y abuso" en su contra.
En entrevista publicada este domingo por El Mercurio, Solari acusó al pasado gobierno del Presidente Gabriel Boric de dilatar la orden judicial de desalojo dictada por la Corte Suprema y forzar una expropiación que valoró el suelo en menos de una décima parte de su precio comercial.
Asimismo, explicó que inicialmente mantuvo reserva por razones de seguridad tras el homicidio del empresario Alejandro Correa en Concón. Sin embargo, decidió fijar su postura institucional frente a las versiones difundidas sobre el origen del predio y el manejo administrativo del caso.
"Hemos sido muy cautelosos después de lo que pasó con Alejandro Correa (...). Mis hijos me dicen, 'papá, ¿será necesario que te sigas arriesgando en una situación como esa?', pero queremos contar nuestra versión. Han salido muchas informaciones erradas, mentiras", arremetió el empresario.
En esta línea, dijo que están "muy decepcionados tanto del Estado como de cómo nos han tratado en general los medios. Llevamos siete años peleando para recuperar lo que teníamos. Con una serie de complicaciones en lo personal y costos económicos".
El origen de la toma en el cerro Centinela
La ocupación del terreno comenzó el 19 de octubre de 2019, cuando cerca de 500 personas ingresaron a los predios de la familia Solari. Con el paso de los meses y el contexto de la pandemia, el asentamiento irregular se expandió hasta albergar a unas 4 mil familias, paralizando iniciativas inmobiliarias y de vivienda social proyectadas en la zona.
El empresario descartó que los dueños hayan fomentado el asentamiento y aseguró que "previo a las usurpaciones teníamos varios lotes ya comprometidos con algunas inmobiliarias y constructoras, por ejemplo, para viviendas sociales y otras cosas. Pero todo se paralizó".
"Fue por un video, cortado, sin contexto, en el que él mostraba los planos del terreno y explicaba que había que hacer inversiones millonarias. Pero ese video fue llevado a todas las cortes y fue desestimado porque se consideró que no tenía validez", puntualizó.
Críticas a las mesas de diálogo y al proceso de expropiación
Solari concentró sus cuestionamientos en la exgestión de Carlos Montes al mando del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), acusando falta de cumplimiento en los compromisos asumidos luego de que la Corte Suprema decretara el desalojo de la toma.
De acuerdo con el propietario, "nadie se hizo ni cargo ni responsable de nuestras denuncias. Mandamos cartas, pedimos reuniones, pero no hubo respuestas (...). Nos pidieron seis meses de plazo. Fuimos a 17 reuniones, y en ellas se habló de que la compra estaba financiada".
"Pero nunca hubo un documento de garantía, nunca hubo financiamiento. Nos decían que el BancoEstado se iba a incorporar a las reuniones, que ya tenía listo el vale vista, pero eso nunca pasó", advirtió Solari al medio antes citado.
"Estaba claro que esto era una papa caliente para todos los estamentos. Primero, no se sabía dónde se iba a dejar a la gente desalojada. Además, había que trasladar a Carabineros de todo Chile. Nadie sabía cuál era el grado de violencia que podía haber con el desalojo. Para el Estado era una piedra en el zapato y, por tanto, nadie quería hacerlo. Entonces, ¿cuál fue la filosofía? Dilatemos para pasárselo al gobierno siguiente", acusó.
Disputa por el valor del suelo y acciones legales
Respecto a la expropiación y la devolución de solo el 50% del paño original, Solari advirtió que los montos fijados por el fisco no corresponden a la realidad del mercado inmobiliario y descartó que su objetivo sea meramente económico.
"El Estado quiere quedarse con los terrenos a un vil precio, perjudicando a los dueños y sin cumplir la sentencia de la Corte. Fíjese que los valores de los que se está hablando no son ni una décima parte del valor comercial (...). Estos terrenos han sido nuestros y tienen un valor comercial. No se pueden seguir buscando fórmulas para tratar de hacer políticas públicas con las platas de los privados. Nos parece que es aberrante. No puede pasar en Chile nunca más", arremetió.
"Si el Gobierno dice que no se puede, están los juicios de precios, con los que no estamos de acuerdo, y que avanzan por vías paralelas. Pero a nosotros no nos interesa aumentar el precio. Nos interesa que nos devuelvan nuestro terreno original. Esperamos que se haga justicia", concluyó el empresario.