El hijo de la ex primera ministra británica había comprado boletos de avión para radicarse en Estados Unidos y ya había vendido o puesto a la venta sus cuantiosos bienes.
Mark Thatcher, el hijo de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, en libertad bajo fianza tras su detención el miércoles por la policía sudafricana, había puesto en venta sus posesiones en el país para trasladarse a vivir a Estados Unidos.
El controvertido hombre de negocios británico, detenido por su presunto implicación en la financiación de la fracasada intentona de golpe de Estado en Guinea Ecuatorial, tenía reservados boletos de avión para él y su familia el próximo lunes.
Makhosini Nkosi, el portavoz de los "Escorpiones", unidad dependiente de la fiscalía nacional, dijo este jueves que podía "confirmar que (Thatcher) planeaba abandonar Sudáfrica la próxima semana".
En el momento de su detención en su domicilio de Constantia, uno de los más exclusivos suburbios de la Ciudad del Cabo, en el sudoeste sudafricano, Thatcher había vendido ya sus cuatro lujosos automóviles.
También, según la prensa local, había puesto a la venta la su residencia, una mansión valorada en 3,3 millones de dólares (2,75 millones de euros).
Igualmente, contaban ya con reservas en escuelas estadounidenses para que los hijos pudieran iniciar el próximo mes el nuevo curso académico.
Durante su comparecencia en el juzgado de Wynberg, el fiscal Torie Pretorius, de la Unidad de Investigación de Crímenes Prioritarios, afirmó que pesaban dos cargos contra Mark Thatcher.
El primero, dijo Pretorius, se refiere a la ley de "Asistencia Militar al Extranjero" y el segundo, conspiración para contravenir dicha ley.
El estatuto penaliza cualquier actividad mercenaria en países extranjeros aunque sea contratada por un Gobierno legítimo.
El fiscal confirmó que existían pruebas de la entrega por parte del acusado de 275.000 dólares para financiar el golpe contra el Gobierno guineano.
El magistrado Awie Kotze, tras escuchar los cargos, de los que Thatcher se declaró inocente y aseguró una total colaboración con la policía en sus investigaciones, le impuso una fianza de 300.000 dólares y le informó que deberá comparecer ante la misma corte el próximo día 25 de noviembre.
En libertad bajo fianza tiene prohibido mantener contacto con los posibles testigos en el caso y debe presentarse regularmente en un puesto de policía sin salir de Ciudad del Cabo.
Thatcher ha sido relacionado en el caso tras la interceptación de una carta de Simón Mann, supuesto cabecilla de la intentona, y actualmente encarcelado en Zimbabue.
En la misiva a su esposa Amanda, se quejaba de que sus "influyentes socios" no habían actuado de acuerdo a sus compromisos.
La misiva de Mann se refería a "Smelly", quien es identificado con el traficante de armas y petróleo, Ely Calil, y "Scratcher", referido a Mark Thatcher.
Mann, antiguo militar de las fuerzas especiales británicas, junto a otros dos colegas, se encontraba en el aeropuerto de Harare, la capital zimbabua, a la espera de un avión procedente de Sudáfrica en el que viajaban 67 personas, incluidos los tres tripulantes del Boeing 737.
Los 70 presuntos mercenarios fueron detenidos por las autoridades zimbabuas, alertadas por los servicios de inteligencia sudafricanos, y encarcelados en la prisión de máxima seguridad de Chikurubi, cercana a la capital, donde se encuentran desde marzo y han sido juzgados.
Las sentencias, según el presidente del tribunal, el juez Mishrod Guavamombe, serán dadas a conocer el próximo día 27.
La detención en Harare ocurrió casi al mismo tiempo que las autoridades guineanas arrestaran en Malabo, la capital del país, a otros 15 presuntos mercenarios, considerados la "avanzadilla" golpista, a cuya cabeza se encuentra el ex teniente sudafricano, Nick du Toit, para quien el fiscal ha pedido la pena capital.
El juicio de 14 de ellos -pues un detenido alemán murió en prisión afectado de malaria cerebral, según las autoridades, y por torturas, según organizaciones para la defensa de los derechos humanos- comenzó el pasado lunes y se espera que se extienda hasta el viernes próximo.
Aunque se demuestre en los tribunales que Mark Thatcher está implicado de manera directa o indirecta en la preparación de una intentona de golpe de Estado, algunos juristas consideran improbable que Pretoria atienda cualquier petición de extradición por parte de Malabo para ser juzgado.
La pena prevista en Sudáfrica por contravenir la ley de "Asistencia Militar al Extranjero" es normalmente de una multa, cuya cuantía depende de cada caso y en su defecto varios meses de cárcel. (EFE)
