La ministra Camila Vallejo explicó que, pese al anuncio realizado por la exdirectora de Conaf, Aída Baldini, los organismos técnicos han determinado que aún no es factible.
El Gobierno entregó este lunes las razones técnicas por las cuales no se han implementado los vuelos nocturnos para combatir los incendios forestales que afectan a las zonas de Ñuble y Biobío, aclarando la controversia generada tras los anuncios realizados en 2025.
El año pasado, la entonces directora de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Aída Baldini, comprometió la habilitación de estas operaciones para la temporada actual. En aquel momento, se argumentó que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) trabajaba en la normativa respectiva. Sin embargo, esta medida no se concretó.
La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abordó la situación descartando los vuelos nocturnos inmediatos de estas aeronaves y aclarando los plazos reales que estiman los organismos especializados.
"Yo sé que a inicios del 2025 la exdirectora de Conaf hizo un anuncio sobre posibles sobrevuelos nocturnos para el combate de los incendios, pero aquí hay organismos técnicos que hacen la evaluación en particular. Aún no es factible utilizar vuelos nocturnos y se requiere un plan de alrededor de cuatro años para poder empezar a operar aquello", explicó la secretaría de Estado.
Vallejo enfatizó que "hay condiciones técnicas que evitarían, no solamente el riesgo de las personas que hacen los sobrevuelos, sino que también la efectividad de estos combates".
El principal obstáculo radica en la capacitación y certificación. Para implementar operaciones aéreas nocturnas en emergencias forestales, lo primordial es contar con personal entrenado.
De acuerdo con los requisitos de la DGAC, es obligatorio que las empresas aéreas acrediten que tanto sus pilotos como sus aeronaves y protocolos operativos cumplan con estándares específicos de seguridad nocturna.
Es precisamente este proceso de acreditación y entrenamiento técnico el que, según los argumentos expuestos por el Ejecutivo, extendería el plazo de implementación hasta por cuatro años antes de ser una realidad en el combate al fuego en Chile.
