La Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC) emplazó al Congreso a despachar "lo antes posible" el proyecto que busca sancionar el acoso sexual y la violencia y discriminación de género en el ámbito académico, con énfasis en la educación superior.
La iniciativa, impulsada en mayo de 2018 en el Senado, fue aprobada ayer jueves en la Cámara de Diputadas y Diputados, con algunas modificaciones, por lo que pasó a tercer trámite en la Cámara Alta, que de visar los cambios introducidos el texto quedaría listo para ser ley.
En ese marco, Ignacia Henríquez, presidenta de la FEUC, valoró "la tramitación de un proyecto de ley que nos parece de suma importancia" pues, "año a año, como estudiantes de educación superior nos vemos enfrentados a casos de violencia de género, frente a los cuales las mujeres nos vemos desamparadas por la ley".
Por ello, "esperamos que el Senado le dé la importancia que merece este tema y que se tramite lo antes posible. Este es un proyecto de ley que el feminismo pidió fuerte y claro el 2018, pero que hace mucho tiempo que es necesario en nuestro país".
Henríquez, en la testera de la directiva de la FEUC 2021, llamó asimismo a los integrantes de las comunidades universitarias a tomar acciones ya que "la violencia de género no se va a detener por un proyecto de ley: es un problema estructural y cultural que nos interpela como miembros de las comunidades de educación superior y del cual debemos hacernos cargo".
QUÉ ESTABLECE EL PROYECTO
El texto, presentado por los senadores PS Isabel Allende y Carlos Montes, la independiente pro PPD Ximena Órdenes, la DC Yasna Provoste y la UDI Ena Von Baer, busca "promover políticas integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, y proteger y reparar a las víctimas en el ámbito de la educación superior".
Las instituciones deberán establecer políticas, planes, protocolos y reglamentos para ese fin, los cuales, a su vez, tendrán que ser "elaborados, evaluados y modificados en procedimientos de carácter participativo, que aseguren paridad de género y la representación equilibrada de sus distintos estamentos".
En ese marco, propone un modelo de protocolo con los siguientes puntos:
- Un diagnóstico al interior de la institución de educación superior.
- Un conjunto de medidas evaluables dirigidas a prevenir los riesgos y asegurar espacios libres de acoso sexual.
- Actividades y campañas permanentes de sensibilización.
- Desarrollar programas permanentes de capacitación y especialización.
- Incorporar contenidos de derechos humanos, violencia y discriminación de género, en los planes curriculares.
- Incorporar las políticas, reglamentos sobre violencia y discriminación de género en los procesos de inducción institucional.
Al mismo tiempo, protege y repara a las víctimas en el ámbito de la educación superior, con la finalidad de establecer ambientes seguros y libres de acoso sexual, violencia y discriminación de género. La ley abarca a todas las personas que se relacionen en comunidades académicas de educación superior, con prescindencia de su sexo, género, identidad y orientación sexual.
También extiende la potestad de las planteles de investigar y sancionar "a los hechos o situaciones que se enmarquen en actividades organizadas o desarrolladas por instituciones de educación superior o por personas vinculadas a ellas, ocurran o no en espacios académicos o de investigación, especialmente si tales hechos o situaciones afectan el buen desenvolvimiento de los fines y propósitos de dichas instituciones de educación superior".
Asimismo, deberán contar con unidades responsables de la implementación de sus protocolos y reglamentos sobre violencia y discriminación de género y, de forma separada, con una o más unidades responsables de llevar a cabo los procesos de investigación y sanción del acoso sexual.
El proyecto establece que se considerará como acoso la creación de un entorno intimidatorio, hostil o humillante, que pueda amenazar, perjudicar o incidir en sus oportunidades, condiciones materiales o rendimiento laboral o académico; esto independiente de si tal comportamiento es aislado o reiterado.
La universidad o institución que no implemente dichas políticas, "no podrán acceder u obtener la acreditación institucional", fija el proyecto.
