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Tras ataque al Poder Judicial: Agencia Nacional de Ciberseguridad dio primer paso en en su tramitación legislativa

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La Comisión de Defensa del Senado aprobó en forma unánime la idea de legislar el proyecto.

El senador Kenneth Pugh, enfatizó que "pudimos sacar adelante en el Congreso una nueva Ley de Delitos Informáticos. Ha llegado el momento entonces, de aplicarla".

Tras ataque al Poder Judicial: Agencia Nacional de Ciberseguridad dio primer paso en en su tramitación legislativa
 ATON (referencial)

Todo esto ad portas del mes de la Ciberseguridad, que es octubre.

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La ley que crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad dio su primer paso en su tramitación legislativa en el Congreso.

La Comisión de Defensa del Senado aprobó en forma unánime la idea de legislar el proyecto, y se acordó invitar a la próxima sesión del martes al presidente de la Corte Suprema.

El senador independiente Pedro Araya, impulsor de este proyecto, comentó que van a invitar al presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, para que pueda "venir a contarnos qué fue lo que le ocurrió al sistema del Poder Judicial y así mismo poder conocer las razones de por qué no se van a querellar frente a tal situación".

"Me parece un poco paradojal que se viera afectada la correcta administración de justicia el día lunes. Hubieron muchas audiencias que no se pudieron hacer, y que el Poder Judicial no esté tratando determinar quiénes fueron los responsables de esto, más aún cuando hay convenios internacionales que ha suscrito el país que permiten perseguir la responsabilidad si esto ocurrió desde el extranjero", cuestionó el senador.

Hace unos días la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, anunció que no iban a perseguir penalmente a los autores de este ataque a través de un virus informático en los computadores, apuntando a la dificultad de pesquisar a los responsables.

Por su parte, el senador Kenneth Pugh, quien ha puesto sobre la mesa la agenda de ciberseguridad, enfatizó en que "pudimos sacar adelante en el Congreso una nueva Ley de Delitos Informáticos ya publicada cuatro meses atrás. Ha llegado el momento entonces, de aplicarla y recurrir a todas las instancias internacionales invocando el Convenio de Budapest y usando evidencia digital aportada por los afectados y la industria asociada".

Chile es parte de este convenio desde hace cinco años y apunta precisamente a la cooperación para facilitar la persecución de este tipo de delitos.

MES DE CIBERSEGURIDAD

Todo esto se ha dado en la inauguración del Mes de la Ciberseguridad, que se desarrolla octubre, en la sede del Congreso en Santiago

El abogado Mauricio Fernández, director de la Unidad de Cibercrimen del Ministerio Público, expuso en la ceremonia de inauguración y dijo que "este es un instrumento internacional (Convenio de Budapest) para la asistencia penal internacional en materia de evidencia digital y ciberdelincuencia".

"En la Asistencia Penal Internacional invocamos a esta convención para pedir colaboración, para obtener información con mayor rapidez, etcétera y por lo tanto, es una realidad relevante", añadió.

También expuso en el encuentro Ariel Nowrsztern, especialista en ciberseguridad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien reveló que, de acuerdo con un estudio de IBM, Estados Unidos reportó pérdidas por 6,9 billones de dólares el 2021 por este tipo de ataques y que, según el Centro de Recolección de Denuncias cibernéticas del FBI, en los últimos cinco años hay un incremento anual de reportes.

"Específicamente para Chile tenemos una operación de préstamo de 27 millones de dólares, fortaleciendo las capacidades en ciberseguridad en contra del ciberdelito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública", puntualizó el experto.

En esta línea, indicó que "esta operación de préstamo en conjunto con la nueva Ley de Delitos Informáticos, aprobada recientemente, son pasos clave para el fortalecimiento en Chile en materia de los ciberdelitos, con el que esperamos puedan enfrentar de manera eficiente las amenazas cibernéticas a las que -como ya vimos- todos estamos expuestos diariamente".

En Latinoamérica el costo promedio de un incidente de este tipo es de 2,8 millones de dólares, 9 por ciento más que el año pasado.

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