Diputados de Renovación Nacional presentaron un proyecto de ley que busca afrontar el fenómeno del "desplazamiento forzado de familias rurales" debido a hechos de violencia o terrorismo en la Macrozona Sur.
Según informa El Mercurio, la iniciativa apunta a identificar las zonas en las que se está produciendo esta clase de hecho y elaborar una "caracterización de las personas o comunidades afectadas", en miras tanto a prevenir nuevos sucesos como a otorgar "seguridad y protección a quienes (ya) se ven obligados a huir y entregar su propiedad".
Contempla, en este sentido, asesoría y resguardo a quienes son desplazados "de sus casas o residencias habituales, sin su consentimiento, como consecuencia de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de alteración grave y sostenida del orden público o de violaciones de los derechos humanos".
Adicionalmente, dispone que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública -como las que trabajan actualmente en zonas bajo estado de excepción constitucional de emergencia-, estén a disposición de la seguridad de las víctimas.
De este modo, "las personas que se encuentren en proceso de desplazamiento y retorno a su propiedad, podrán ser custodiadas por Carabineros", dijo a El Mercurio el diputado Miguel Mellado.
"Los terroristas realizan este tipo de actos bastante seguido", y "se toman casas y predios utilizando la violencia para lograrlo, especialmente en La Araucanía", pero también en otras regiones, sostuvo.
"VIOLACIÓN ABIERTA A LOS DERECHOS HUMANOS"
Su colega Jorge Rathgeb comentó que "dentro de los derechos humanos está residir donde uno estime pertinente, cumpliendo con la normativa correspondiente".
En consecuencia, "el hecho de que se limite a vivir en determinado lugar es una violación abierta a los derechos humanos, y eso está ocurriendo en La Araucanía y en la Macrozona Sur, donde las personas han debido abandonar sus propiedades y domicilios por la situación de violencia y amenazas".
El matutino recuerda que 72 familias de la Provincia de Arauco (Región del Biobío) presentaron en 2022 una demanda contra el Estado tras ser obligadas a dejar sus propiedades debido a que "no pertenecían a cierta etnia".
