El Tercer Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago determinó aplazar la audiencia de inicio de juicio oral por el caso SQM, en el cual se encuentran acusados el exsenador UDI y exministro Pablo Longueira y el excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (PRO).
Esto debido a que el auto de apertura, resolución donde el Juzgado de Garantía informa al tribunal y los intervinientes la acusación y pruebas que irán en el juicio oral, no había sido revisado con sus correcciones finales, ya que el juez encargado no se encontraba esta jornada por uso de feriado legal.
Los abogados defensores solicitaron comenzar de todas formas hoy debido al extenso tiempo que han esperado los imputados a la espera del juicio y fustigaron que no se ha cumplido el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, ya que esta causa fue abierta el año 2015.
Pese a lo anterior, el tribunal fijó la audiencia para el próximo lunes 13 de febrero a las 09:00 horas.
La fiscal Claudia Perivancich sostuvo que "es que más que un riesgo, hoy día el tribunal no podía iniciar el juicio oral porque no tiene el auto de apertura, porque el Tribunal de Garantía no lo ha enviado, y lo que ha resuelto el Tribunal Oral en lo Penal es exigir que el Tribunal de Garantía envíe prontamente el auto de apertura y ha fijado una audiencia la próxima semana para definir las condiciones en las que se desarrollará el juicio oral y ha fijado también la fecha de juicio oral para el día 13 de febrero".
Octavio del Favero, director ejecutivo de Ciudadanía Inteligente, sostuvo que "nosotros creemos que este juicio en particular es una prueba muy importante para el nuevo fiscal nacional. De las 260 personas que han sido investigadas por juicios relacionados con dinero y política, solamente el 12 por ciento ha tenido algún tipo de sanción, y el caso de SQM es la última oportunidad para mejorar ese balance de impunidad que hemos tenido".
"Si este juicio se ha demorado, es principalmente responsabilidad de la propia empresa, que se dedicó a repartir dinero en todo el espectro político, involucrando a cerca de 200 personas en asuntos políticos relacionados con la empresa", aseguró.
Durante un receso de la audiencia, Longueira expresó que "se ha acusado hace ya más de cinco años, he tenido una persecución implacable y estoy feliz de que se inicie este juicio porque estoy hoy día aquí, porque no estuve dispuesto a negociar, rechacé cualquier propuesta que me hizo la Fiscalía, porque jamás he cometido los delitos de los cuales se me ha acusado".
"Soy inocente, lo demostraré, porque creo en los tribunales de justicia. Se acabó la persecución, llegó la hora de la justicia", afirmó.
Posteriormente, indicó que "cuando supimos que se me iba a formalizar, reuní a mi familia y les dije que íbamos a llegar a este juicio oral porque jamás he cometido este delito, ni tampoco los que me pidió la Fiscalía, porque saben que no lo he cometido, para darme una salida hace ya tres o cuatro años atrás. Y si estoy aquí en este juicio, y si tengo este juicio, es porque yo lo he querido, porque nunca he tocado un peso que no es mío. Así de simple y así de claro. Tengo la conciencia tan tranquila que camino con la frente en alto".
Por su parte, ME-O criticó que "10 fiscales que han dilatado esto sin parar, le hemos propuesto como defensa -para poder defender- distintos caminos: separar las aristas, porque han mezclado peras con manzanas; y hoy nuevamente que vengo a defender esto, de ocho años de infamia hay esta lógica, contentos, se dilato el juicio".
Además, fustigó que "Chile está incendiado en delincuencia, incendiado en problemas y tenemos más de 10 fiscales y un juez pidiendo vacaciones dilatando un juicio. El Estado de derecho es para todos, yo no pido ni más ni menos que ustedes, el mismo derecho a defenderme, ningún privilegio".
En 2015 se destapó el caso SQM de financiamiento ilegal de la política, el que surgió como una arista del caso Penta, y por el cual Longueira arriesga 818 días de presidio y multas por cohecho, mientras que a ME-O la Fiscalía lo acusó por delitos tributarios y solicitó cuatro años de cárcel.
Además de los excandidatos presidenciales, en la audiencia habían otros seis imputados: el exgerente general de SQM, Patricio Contesse; la secretaria de Longueira, Carmen Valdivieso; el exdiputado Roberto León; la secretaria de la presidencia de la UDI, Marisol Cavieres; el exsecretario general del Partido Progresista, Cristián Warner, y el exembajador Marcelo Rozas. Soborno, cohecho y delitos tributarios son los ilícitos que se le imputan.
