La subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez, cuestionó un "objetivo político" de la carta entregada ayer por una decena de alcaldes y alcaldesas de la oposición, que solicitaron al Presidente Sebastián Piñera y su Administración una actitud más proactiva respecto a los hechos violentos que han ocurrido en el país en las últimas semanas.
"Tenemos una tremenda preocupación por la situación de inseguridad de nuestro país ante el fracaso de la política de Sebastián Piñera y su Gobierno", advirtió Irací Hassler (PC), jefa comunal de Santiago, quien suscribió la misiva junto a sus pares de Lo Espejo, Javiera Reyes; de Peñalolén, Carolina Leitao; de San Miguel, Érika Martínez; de Quilicura, Paulina Bobadilla; de Quinta Normal, Karina Delfino; de Independencia, Gonzalo Durán; de San Joaquín, Cristóbal Labra; de Macul, Gonzalo Montoya; de Pirque, Jaime Escudero, y la alcaldesa (s) de Renca, Romy Álamo.
Consultada este martes, Gómez afirmó que "como Gobierno tenemos una permanente disposición, y así lo efectuamos día a día y semana a semana, a trabajar colaborativamente con todos los alcaldes de Chile; cualquier alcalde que ha requerido alguna reunión con cualquier autoridad del Ministerio del Interior ha sido recibido".
En ese marco, "quiero señalar muy claramente que esta carta tiene un objetivo político -acusó-, que busca generar una sensación y percepción de lo que se ha realizado en materia de seguridad en estos cuatro años de cara al cambio de Gobierno que tenemos en pocos meses", el 11 de marzo.
Ante ello, "les quiero pedir a los alcaldes que sus críticas sean con apego a la verdad y al trabajo colaborativo y coordinado que hemos realizado como Gobierno con los alcaldes de todo el país", emplazó.
Reivindicó, además, el Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) y apuntó que varios alcaldes que firmaron la carta no han asistido o lo han hecho sólo a algunas reuniones de este sistema.
La subsecretaria respondió a los jefes comunales en la actividad del balance policial semanal. En éste, se detalló que entre el 3 y el 9 de enero hubo 6.311 detenidos por diversos delitos, y que se registraron 25 homicidios, uno menos respecto del mismo período en 2021.
"EL GOBIERNO SIEMPRE ACUSA OPERACIONES POLÍTICAS", DICE ALCALDE DE MACUL
Por su parte el alcalde de Macul, Gonzalo Montoya, respondió que "el Gobierno siempre ha acusado que temas vinculados a críticas constructivas que se le hacen son operaciones políticas".
"Acá estamos diciendo que el Gobierno no ha cumplido una serie de compromisos que adquirió con los municipios hace algunos años atrás, entre ellos, la redistribución de Carabineros y otras situaciones vinculadas al control de la delincuencia en nuestras comunas".
Explicó que los alcaldes entienden que "al Gobierno le quedan pocas semanas y creemos que esto no puede abandonarse de la agenda presidencial, ya que estamos viviendo un alza de delitos en los distintos sectores de nuestras comunidades. Quien está a cargo de la seguridad del país es precisamente el Ministerio del Interior".
En tanto el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, comentó que ellos hacen sus mejores esfuerzos y que "siempre es posible perfeccionarse, siempre es posible mejorar, pero aquí necesitamos un trabajo colaborativo entre todas las instituciones (...) Tal como lo hemos hecho con la defensoría: cuando todas las instituciones se unen para trabajar colaborativamente en este tipo de materias, obviamente deben mejorar los resultados".
"Nosotros vamos a seguir, lo he dicho innumerablemente: no vamos a bajar los brazos, vamos a implementar nuevas estrategias operativas tal como como prometí y dije que vamos a ver la demanda que hacen los alcaldes para analizar y levantar la información y los datos", zanjó.
FISCAL NACIONAL RECONOCIÓ ALZA DE HOMICIDIOS E INCIDENCIA DE CARTELES EXTRANJEROS
El fiscal nacional Jorge Abbott reconocióm en tanto, un "aumento en la tasa de homicidios", una situación que, según dijo, ha sido "una preocupación" para el Ministerio Público.
"El Observatorio de Homicidios ha visto el aumento de esto. Debe coordinarse a todas las organizaciones del Estado y los municipios para establecer a quiénes responden este tipo de hechos, a ciertas personas y organizaciones que han empezado a instalarse en este país que eran extrañas hasta ahora", señaló el persecutor en medio de la cuenta pública de la Fiscalía Regional del Biobío.
En ese sentido, Abbott propuso "hacer un catastro de las armas en Chile. Hoy no sabemos quién posee esas armas. Es necesario regular la comercialización de municiones, que hoy tiene una baja fiscalización".
"También es necesario reforzar el Servicio Nacional de Aduanas, por las importaciones de elementos que permiten fabricar armas. Hemos visto que se construyen armas con impresoras 3D", advirtió.
