El jefe comunal informó que en marzo se espera iniciar el mismo operativo en el campamento Santa Marta.
El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, valoró el procedimiento realizado el martes en la toma El Trébol, ubicada en Camino a Melipilla con Santa Marta, adelantando operativos similares en la comuna el próximo año.
"Hace unos meses estuvimos desalojando el campamento Japón, ahora El Trébol, y lo más importante es que ambos procesos se han dado sin ningún hecho de violencia ni resistencia de las familias", señaló en conversación con CHV Noticias.
El jefe comunal explicó que en El Trébol existían 110 viviendas, correspondientes al último campamento levantado en el sector. Advirtió que cuando estos asentamientos "no son frenados a tiempo, luego el proceso de desalojarlos es bastante complejo, por temas administrativos, logísticos y financieros".
Vodanovic subrayó que el éxito del operativo se debió a la coordinación entre distintas instituciones del Estado, organizaciones de la sociedad civil y un trabajo social previo de varios meses.
"Es muy importante contar con la voluntad de las familias de retirarse. Sacar 600 familias (de cuatro tomas del sector), no hay logística en el Estado que lo permita, por tanto, es fundamental que estos procesos sean acordados", sostuvo.
Como medida de apoyo, el municipio entregó un subsidio de arriendo transitorio por cuatro meses, pagado directamente a los propietarios de las viviendas. El beneficio se focalizó en familias con niños, personas con discapacidad y adultos mayores. En total, 110 familias abandonaron el lugar de manera voluntaria.
Tras el cierre del campamento, se contempla un proceso de recuperación del terreno y la eventual implementación de un proyecto de paisajismo.
El alcalde adelantó que en marzo se espera iniciar el desalojo del campamento Santa Marta, que alberga entre 110 y 130 viviendas, y posteriormente intervenir otros asentamientos del sector Camino a Melipilla, donde existen cerca de 300 viviendas adicionales.
El procedimiento del martes, se realizó en cumplimiento de una resolución judicial y contó con la participación de 480 funcionarios, desarrollándose -según las autoridades- sin hechos de violencia ni resistencia por parte de las familias desalojadas.
