El abogado Alejandro Chaparro exigió garantías de que no se producirán nuevas emanaciones tóxicas.
"Mis representados no son talibanes del medioambiente", recalcó.
La División Ventanas de Codelco no cumple con la normativa medioambiental vigente, aseveró el abogado del Consejo Ecológico de Puchuncaví Alejandro Chaparro, cuya presentación legal llevó este miércoles a la Corte de Apelaciones de Valparaíso a ordenar la paralización de la fundición de la planta.
"Sin perjuicio de que las normas medioambientales son permisivas en nuestra legislación por los intereses económicos y políticos que priman", Ventanas "no cumple" con ellas, indicó Chaparro.
"Ni siquiera esas normas permisivas las cumplen", remarcó el abogado en conversación con Lo Que Queda del Día.
Consultado por la intoxicación que sufrieron el miércoles pasado alumnos y funcionarios de la escuela de La Greda producto de emanaciones desde la planta -hecho que Codelco calificó como "puntual" y que atribuyó a un accidente sumado a "condiciones meteorológicas adversas-, Chaparro aseguró que la firma tratará de "justificar lo injustificable".
"Yo creo que si (la emanación) se dio una vez, perfectamente puede volver a darse en otra oportunidad, y por lo tanto -y en esto la Corte ha sido clara- mientras no se certifique por parte de la autoridad que situaciones como esta no van a volver a ocurrir, no puede volver a funcionar la zona de fundición de la planta", indicó.
El abogado resaltó que, tras lo acontecido el 23 de marzo, "acá ya no solamente está involucrado el tema medioambiental -que de por sí es un tema grave- sino que está involucrada la salud, la integridad física y sicológica de las personas".
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| El abogado cree que es justa una compensación económica para los habitantes de la zona. (Foto: UPI) |
"No somos talibanes"
Alejandro Chaparro descartó que el Consejo Ecológico de Puchuncaví esté pretendiendo el cierre de la planta en cuestión, recalcand que "mis representados no son talibanes del medioambiente".
Ellos "saben que Codelco Ventanas no puede salir de ahí, porque es una planta carísima, con inversión de millones de dólares y necesaria para el desarrollo. Lo que mis representados quieren es que el funcionamiento se efectúe de acuerdo a la ley", sostuvo.
"No somos extremistas", reiteró Chaparro, insistiendo que "entendemos que esta planta tiene que seguir funcionando", pero con tres condiciones: "Tiene que parar todo tipo de emplazamiento de nuevas industrias en la zona, porque ya es una zona contaminada; se tienen que tomar medidas técnicas y administrativas con el objeto de que no se siga contaminando, y se tiene que compensar a los vecinos".
"Los agricultores de la zona, los pescadores y los habitantes que ven que su propiedad no vale nada, porque nadie quiere comprar ahí, tienen que ser compensados económicamente", sentenció.
