SVS sancionó a la plana mayor de FASA por colusión
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Autor: Cooperativa.cl
El organismo multó al vicepresidente ejecutivo con 2.000 UF.
También fueron sancionados el presidente y los directores de la firma.
El organismo multó al vicepresidente ejecutivo con 2.000 UF.
También fueron sancionados el presidente y los directores de la firma.
La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) resolvió aplicar sanciones al presidente, al máximo ejecutivo y a los directores de Farmacias Ahumada tras haber constatado el incumplimiento de obligaciones que la Ley de Sociedades Anónimas impone a los directores y gerentes, en el proceso levantado por colusión.
Las sanciones se refieren a las responsabilidades del gobierno corporativo de estos directivos por el inadecuado procedimiento que usaron para enfrentar el proceso seguido contra FASA por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), luego que la empresa reconociera haber acordado precios de medicamentos con su competencia.
El organismo fiscalizador resolvió sancionar al vicepresidente ejecutivo de FASA, Alejandro Rosemblatt Kiblisky, con una multa de 2.000 UF (41.858.000 de pesos), por no informar debida y oportunamente al directorio respecto de la investigación de la FNE así como de la iniciada internamente por FASA, que implicó la negociación y posterior suscripción de un Acuerdo Conciliatorio entre esa sociedad y la FNE.
Además, multó con 1.500 UF (31.939.500 de pesos) a quien era presidente de la mesa directiva, José Codner Chijner, por no informar debida y oportunamente al directorio sobre el Acuerdo Conciliatorio que FASA estaba negociando con la FNE.
En tanto, a quienes eran directores de FASA durante el período investigado, Eduardo Bellinghausen Pizarro, Gabriel Héctor Berczely Apor, Juan Benavides Feliú, Juan Cuneo Solari, Alexander Fernández Montenegro, Ernesto Guillermo Labatut Soffia, Pablo Lamarca Claro y Jaime Sinay Assael, se les aplicó una multa de UF 300 (6.278.700 de pesos) a cada uno, por no haber ejercido debida y oportunamente su derecho legal a informarse, como debieron hacerlo en virtud de los antecedentes con que contaban, tanto públicos como internos, del proceso que culminó con la firma del Acuerdo Conciliatorio.
