El Séptimo Juzgado de Garantía desestimó petición de sobreseimiento del caso.
El juez Patricio Alvarez confirmó los cargos por alteración fraudulentas de precios.
La justicia respaldó a la Fiscalía Centro Norte en la investigación por eventuales delitos en la colusión de precios de 222 medicamentos que realizaron tres cadenas de farmacias y cuatro laboratorios.
El magistrado Patricio Alvarez del Séptimo Juzgado de Garantía capitalino ratificó los cargos por alteración fraudulentas de precios en contra de los ex ejecutivos por los hechos suscitados entre noviembre de 2007 y marzo de 2008, y desestimó la petición de sobreseimiento que presentaron los abogados Alfredo Etcheberry y Juan Domingo Acosta a nombre del ex gerente general de Cruz Verde, Miguel Celedón, y otros ex ejecutivos de la cadena.
Etcheberry apuntó que la colusión es un tema que revisa el Tribunal de la Libre Competencia (TLC) y que tiene sanciones administrativas y no penales, por lo que anunció que llevará el caso hasta la Corte de Apelaciones.
"Si los hechos llegan a ser acreditados, están solamente sancionados con las penas administrativas del Tribunal de la Libre Competencia, lo contrario sería violar el principio de no ser juzgado dos veces por lo mismo", comentó.
Por su parte, el fiscal Luis Inostroza aseguró que a mediados de septiembre definirán si ya tienen todas las diligencias realizadas en la causa para llevar a los imputados a juicio oral.
"Hemos estado tranquilos desde un inicio de esta investigación, en el sentido que los hechos se enmarcan dentro del tipo penal por el cual están formalizados los imputados", enfatizó.
El abogado querellante Jorge Mario Saavedra postuló que "de triunfar la tesis de la defensa que acá no hay delito, los miles de ciudadanos que fueron terriblemente perjudicados van a salir a la calle pidiendo justicia, porque no se pueden amparar procedimientos de gente prepotente".
Tras la formalización por la denuncia que hizo la Fiscalía Nacional Económica en marzo pasado, los involucrados quedaron con firma mensual y se determinó un plazo de 180 días de investigación, el cual vence a mediados del próximo mes.
