La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados despachó un proyecto que sanciona con penas de cárcel efectiva a quienes concierten y cometan actos de colusión.
El presidente de la instancia, el PS Leonardo Soto señaló que "para que la legislación opere como un real disuasivo los actores económicos deben saber que existe la posibilidad concreta de pagar con cárcel por este tipo de conductas, lo que se podía evitar en ciertos casos por la aplicación de atenuantes".
En la propuesta se plantean penas de cárcel de entre cinco y 10 años de presidio además de multas consistentes en el doble del beneficio obtenido fraudulentamente o el 30 por ciento de las ventas en el período de colusión de la empresa implicada.
Además se aprobó replicar los criterios de la denominada Ley Emilia a los actos colusorios, asegurando así al menos un año efectivo de cárcel antes de que los responsables puedan acceder a formas alternativas de cumplimiento de penas.
El DC Fuad Chahín destacó que "la noticia más importante es que ha garantizado una pena efectiva de cárcel para quienes cometan el delito de colusión tipificado en el artículo 286 bis del Código Penal. Este nuevo tipo penal, va a tener además una pena efectiva de cárcel, porque se va a aplicar la misma regla de la Ley Emilia, es decir, se suspende la aplicación de cualquier beneficio por un año".
Por su parte Arturo Squella (UDI) sostuvo que "considero que es una desproporción, pero eso es parte de lo que decidió la comisión y tendremos que ver si es que, dentro de lo que queda en la tramitación legislativa, estarán de acuerdo el resto de los parlamentarios".
Restricción a la delación compensada
Por otra parte se acordó que si la colusión implica bienes de primera necesidad, se aplicarán penas por sobre los siete años y medio de cárcel, asegurando reclusión efectiva para los culpables.
Otro aspecto contemplado en la propuesta fue la restricción de los beneficios que entrega la delación compensada que, hasta el momento, eran extensibles desde el primer al cuarto delator.
De acuerdo a lo planteado por el parlamentario, ese criterio "no nos pareció razonable", por lo que se redujo sólo a la primera empresa que se autodenuncie, quien se podría eximir tanto de la sanción penal como del pago de la totalidad de la multa aplicada.
Para la segunda empresa se mantendrá la responsabilidad penal y tendrá que pagar, al menos, la mitad de la multa aplicada, que es equivalente al total de los beneficios obtenidos de forma ilegítima.
Soto explicó que para acogerse al beneficio, la empresa autodenunciante tendrá que "entregar antecedes que efectivamente conduzcan a establecer la participación de las empresas y las responsabilidad individuales, y que no sea un grupo organizador del cartel que haya conexionado a los otros".
"Así reforzamos la delación compensada como una herramienta efectiva para desbaratar los carteles, pero con la convicción de que hay que restringir los beneficios a quienes se coluden perjudicando a millones de personas", concluyó el parlamentario.
Por su parte el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, explicó que entre los pasos siguientes "mañana esperamos, a primera hora, reunir a la comisión de Hacienda y posteriormente pasar a la Sala, de forma tal de que esta semana podamos tener aprobado este proyecto en la Cámara de Diputados".
"El objetivo de esta ley es poder desbaratar carteles. Lo que tenemos que hacer acá es luchar decididamente por desbaratar carteles y para eso fortalecemos el mecanismo de la delación compensada al establecer la eximición de pena de cárcel sólo para el primero que llega, entonces el incentivo es muy claro, delatarse y, por lo tanto, desbaratar los carteles", explicó el secretario de Estado.
