Este lunes comenzó el juicio contra los 12 acusados, entre ellos nueve policías, de provocar el incendio que en 2011 costó la vida a cinco menores en un reformatorio de Panamá.
Los acusados son nueve agentes policiales, dos custodios civiles y la persona que dirigía el Centro de Cumplimiento de Menores de la localidad de Tocumen, en la periferia de la capital panameña, cuando el 9 de enero de 2011 se declaró un incendio en medio de un motín en el que murieron cinco reclusos.
Supuestamente, el fuego fue provocado por los mismos policías del reformatorio, que lanzaron bombas lacrimógenas al interior de una celda cerrada con llave y en la que estaban siete menores.
En las imágenes difundidas del suceso, se ve ardiendo la celda y se escuchan los alaridos de los menores, mientras que los agentes permanecen inmóviles mirando las llamas e incluso lanzando improperios.
"Nuestros hijos cometieron un error y estaban pagando por ello. No hay derecho a que fuesen tratados así. Los policías pudieron salvarles la vida y no lo hicieron", denunció Julia Mosquera, madre de Erick Alexis Batista, a quien le faltaban sólo nueve días para abandonar el centro cuando ocurrieron los hechos.
Las madres criticaron además la falta de apoyo institucional y que ninguna autoridad panameña les haya llamado nunca para disculparse.
Tesis de la defensa
La tesis de la defensa es que el fuego lo ocasionaron otros reclusos que estaban enfrentados con los fallecidos y que los agentes no tuvieron nada que ver con el incidente.
"La Policía Nacional no se organizó, no se uniformó para quitarle la vida a los menores infractores que perecieron el 9 de enero (...) quienes iniciaron y originaron este incendio fueron los menores de las bandas rivales", afirmó el abogado defensor Benito Mujica a las puertas del Segundo Tribunal de Justicia de Panamá.
La Fiscalía, sin embargo, rechaza esa hipótesis y defiende con firmeza que los agentes son los responsables.
De los 12 condenados, 11 se encuentran en prisión preventiva, aunque el sistema judicial permite que los policías cumplan la pena en un cuartel y mantengan el salario, según informó Quintera, el abogado de las víctimas.
Está previsto que el juicio dure varias semanas porque testificarán más de 70 personas, entre ellos, los dos menores que sobrevivieron al incendio y que se encontraban en la misma celda que los fallecidos.