Juan Francisco Galli respondió al reporte que alertó que Chile debe "profundizar sus esfuerzos" para abordar los abusos de agentes del Estado durante el estallido social.
"Aquí hay un solo interés y creo que es un interés común: que esas investigaciones avancen y poder aclarar rápidamente cuál es la responsabilidad", afirmó.
El Gobierno de Sebastián Piñera respondió al informe de la ONU que afirmó que Chile aún debe "profundizar sus esfuerzos" para abordar las violaciones a los derechos humanos cometidas en las masivas y graves protestas de hace dos años, que dejaron una treintena de muertos y miles de heridos.
En medio del balance que realiza la policía militarizada los martes, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, señaló que "tanto el Gobierno como la institución de Carabineros de Chile han dado muestras de haber observado con atención las lecciones que nos dejaron los episodios de violencia con posterioridad del 18 de octubre y así lo destaca el informe".
En ese sentido, la autoridad gubernamental aseveró que la actual reforma en Carabineros "apunta a no quedarnos en mirar hacia atrás, sino también tomar las medidas, reformarnos para adecuarnos a la sociedad del siglo XXI, esa es la principal garantía de no repetición. Es aprender las lecciones del pasado y hacer cosas. Hay que dejar este síndrome de la indignación y la queja y pasar a la acción".
"Aquí hay un solo interés y creo que es un interés común: que esas investigaciones avancen y poder aclarar rápidamente cuál es la responsabilidad, qué responsabilidad le cabe y a quién, respeto a las personas que resultaron afectadas con posterioridad del 18 de octubre", añadió Galli.
En esa línea, ejemplificó con que "uno puede ver -y quizás se destacó poco-, pero no hubo una sola denuncia el lunes 18 de octubre pasado por vulneración de derechos en que pudiera imputársele responsabilidad a un funcionario del Estado".
"Eso da cuenta en los hechos, más allá de los protocolos y las leyes, más allá de los informes, en los hechos, que las lecciones se incorporaron dentro de los procedimientos policiales, están siendo aplicados y ha significado que no tengamos denuncias contra carabineros en un día que no fue de poca violencia", enfatizó.
Ayer lunes, el representante de DDHH de la ONU en América del Sur, Jan Jarab, valoró "los esfuerzos del Estado" en los últimos meses, pero alertó que "persisten obstáculos en el acceso de las víctimas a la justicia, reparación y garantías de no repetición, entre otros derechos fundamentales".
En un informe, que actualiza el elaborado por la misión técnica que visitó el país en noviembre del 2019 en cuanto a la adopción de sus recomendaciones desde el Estado, el organismo internacional denunció "uso inadecuado de cartuchos lacrimógenos y carros lanza aguas contra las personas" y subró casos en que funcionarios del cuestionado cuerpo policial de Carabineros "no prestaron asistencia a personas heridas".
También constató "hostigamiento y violencia contra brigadistas de salud, personas observadoras de derechos humanos y periodistas" durante las marchas, que se han reactivado a propósito del segundo aniversario del llamado "estallido social" y que estuvieron suspendidas durante los meses más duros de la pandemia.
"Aunque pueda ser incómoda para la autoridad, la labor de las personas defensoras de derechos humanos es imprescindible y debe de ser protegida", aseguró Jarab.
