La Superintendencia de Educación detectó a 73 personas condenadas por delitos sexuales que trabajaban con menores, a pesar de estar inhabilitados para realizar este tipo de actividades.
Como informó El Mercurio, la entidad descubrió que 48 de estas personas eran asistentes o docentes, 17 transportistas y otros siete se desempeñaban en diversos ámbitos educacionales en los últimos tres años, quienes fueron apartados de inmediatos de los colegios.
El superintendente Alexis Ramírez indicó que al detectar estos casos "se informa al colegios que debe apartar de inmediato de sus funciones a la persona inhabilitada, para proteger a los estudiantes", al igual que "al Ministerio Público por eventual quebrantamiento de condena".
"La responsabilidad es de todos para ir reduciendo los espacios e impedir así que los condenados por delitos sexuales a menores logren ingresar a los establecimientos", precisó.
Hasta el momento han concluido 14 procesos administrativos contra establecimientos, 10 de los cuales son municipales y los otros cuatro particulares subvencionados.
Las instituciones, ubicadas en las regiones de Arica, Valparaíso, Metropolitana, Biobío, La Araucanía y Los Lagos, recibieron multas que van desde la privación de la subvención hasta los 22 millones de pesos.
"Lo importante es que todos los años están apareciendo menos inhabilitados trabajando en los establecimientos, lo que indica un mayor cumplimiento de la normativa por parte de los colegios en términos de chequeos, y una alerta a los inhabilitados de que hay más medidas de control y que pueden ser descubiertos", sostuvo Ramírez.
