El tribunal de alzada desestimó la presentación de Carla Sánchez Opazo, estudiante de derecho de la U. Finis Terrae.
"El incumplimiento contractual -aceptado por la recurrente- es la causa que justifica el actuar de la Universidad", señala el fallo.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección presentado por Carla Francisca Sánchez Opazo, alumna de derecho de la Universidad Finis Terrae, luego de que la casa de estudios y la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores (Ingresa) le exigieran comenzar a pagar el Crédito con Aval de Estado (CAE) con el que financió sus estudios superiores.
En un fallo unánime la Quinta Sala del tribunal de alzada descartó que existiera "actuar arbitrario" de las recurridas, como argumentaba la universitaria recurrente.
El fallo establece que "no se observa en el caso (...) un conflicto de orden constitucional que amerite respuesta" a través de un recurso de protección, puesto que "el incumplimiento contractual -aceptado por la recurrente- es la causa que justifica el actuar de la Universidad".
"Como efecto de lo anterior, la decisión de la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores se ajusta a la normativa vigente -decreto N° 182, del 2006, del Ministerio de Educación- que exige para la renovación del financiamiento con crédito de garantía estatal que el alumno se encuentre matriculado, lo que en la especie no se produjo en los años 2016 y 2017", señala la sentencia (ver archivo adjunto).
