La Contraloría General de la República informó que este miércoles concluyó el proceso sumarial que inició el 26 de noviembre de 2019 con el objetivo de "determinar eventuales responsabilidades administrativas de superiores y personal de Carabineros de Chile" en medio de las actuaciones de la institución en el contexto del "estallido social", y propuso la suspensión de dos generales en servicio activo que desempeñaron funciones directas durante el comienzo de la protestas.
Según recordó el organismo fiscalizador en un comunicado difundido esta tarde, dicho proceso comenzó "tras la recepción de una serie de denuncias debidamente individualizadas, relativas al actuar de la policía uniformada a contar del 18 de octubre de 2019 y hasta el 31 de diciembre del mismo año".
Ahora, "tal como establece el procedimiento administrativo, el sumario ha sido enviado a las autoridades competentes para la aplicación de las medidas disciplinarias propuestas por la Contraloría General", explica la nota.
Así, Contraloría propuso al director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, la suspensión por un mes del general Enrique Bassaletti (actual director nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales), quien al momento de la crisis cumplía funciones como jefe de la Zona Metropolitana Este; y por un mes del general inspector Mauricio Rodríguez, subdirector de la policía militarizada.
Se suma a ellos el general en retiro Jorge Ávila, entonces jefe de la zona de Control de Orden Público.
Los tres generales, según la investigación, no adoptaron medida alguna para corregir prácticas policiales de orden público.
La decisión de aplicar el castigo más grave después de la destitución debe ser resuelta dentro de un máximo de 15 días por el general director y refrendada mediante un decreto supremo por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CUATRO GENERALES ABSUELTOS
Durante el sumario, la Contraloría indagó tres aspectos: el uso de gases antidisturbios en las inmediaciones de centros asistenciales de salud, la utilización de escopetas antidisturbios y la disponibilidad de carros lanzaaguas para dispersar manifestaciones.
Respecto al primer punto, el organismo llegó a la convicción de que, si bien existe una prohibición expresa en el reglamento de Carabineros de usar gases lacrimógenos cerca recintos sanitarios, estos instrumentos se usaron entre el 4 y 11 de noviembre de 2019 en los alrededores de los hospitales Exequiel González Cortés, en San Miguel, y Gustavo Fricke, en Valparaíso, además de la Clínica Santa María, en Providencia.
Por otro lado, sobre el uso de escopetas antidisturbios, la investigación arrojó que Carabineros, entre el 18 de octubre y fines de diciembre de 2019, siguió cargando y disparando este tipo de armas con munición que contenía plomo pese a que estaba expresamente prohibido -incluso- en un informe interno preparado por la misma policía militarizada.
Finalmente, en torno a la disponibilidad de carros lanzaaguas, Contraloría absolvió al general Jorge Valenzuela, quien era el jefe de Operaciones Policiales, pero pasó a retiro en el último cambio de mando; y entonces director de Logística, general Jean Camus; porque a través de sus declaraciones y documentos se acreditó que ejecutaron medidas para corregir su conducta.
Junto a los anteriores también fueron absueltos el general Hugo Zenteno, jefe de Zona de Aysén; y el general Enrique Monrás, jefe de la Zona Metropolitana Oeste.
El organismo también recordó, a propósito de la polémica que generó en su momento la apertura de este sumario, que "la facultad de la Contraloría General para perseguir responsabilidades administrativas en Carabineros se funda en el artículo 98 de la Constitución Política de la República, que le encarga el control de legalidad de los actos de la Administración, y en el artículo 133 de la ley N° 10.336, que sostiene que 'el Contralor o cualquier otro funcionario de la Contraloría, especialmente facultado por aquél, podrá ordenar, cuando lo estime necesario, la instrucción de sumarios administrativos'. Dicha facultad se regula, en específico, en la resolución 510, de 2013", indica.
Carabineros informó que el general Ricardo Yáñez recibirá los antecedentes y comunicará de manera "oportuna" su decisión al ente contralor.
De inhabilitarse, pues él en ese momento era jefe nacional de Orden y Seguridad, la determinación sobre si seguir la propuesta de Contraloría quedará en manos del ministro del Interior, Rodrigo Delgado.
DIPUTADO BRITO (RD): "BASSALETTI Y RODRÍGUEZ DEJARON VER SU BRUTALIDAD Y FALTA DE PROFESIONALISMO"
Tras conocerse el informe de Contraloría, el diputado Jorge Brito (RD) aseguró que "Bassaletti y Rodríguez dejaron ver su brutalidad y falta de profesionalismo, en especial cuando el general Bassaletti comparó las escopetas antimotines con el tratamiento del cáncer, al afirmar que 'se matan células buenas y malas'".
"Es importante que el informe completo de Contraloría se ponga a disposición del Ministerio Público y esto permita avanzar en la arista penal y asignar responsabilidades de mando, ya que nuestro país siempre se corta el hilo por lo más delgado y quienes dan las órdenes y las amparan han quedado en total impunidad", señaló el legislador frenteamplista.
