La Fiscalía pide prisión preventiva para todos los involucrados, lo que ha sido rechazado por la defensa.
Los hechos ocurrieron en Plaza Ñuñoa, en la noche del 21 de octubre.
La audiencia se retomará el 23 de diciembre.
Doce funcionarios de Fuerzas Especiales fueron formalizados este viernes por su presunta participación en el delito de torturas en el marco de una detención registrada en la Plaza Ñuñoa el pasado 21 de octubre.
Los hechos ocurrieron durante la noche de esa jornada, cuando un hombre de 53 años, identificado como Moisés Órdenes, fue aprehendido tras ser acusado de lanzar objetos a un carro policial.
El actuar de Carabineros, que incluyó una patada en la espalda del sujeto, fue capturado por cámaras de televisión que se encontraban en el lugar.
El fiscal jefe de Ñuñoa, Álvaro Pérez, pidió prisión preventiva para los funcionarios, recalcando que "cinco de ellos realizaron conductas con elementos, así como también con parte de su cuerpo que le causaron a la víctima lesiones graves e incluso, según los últimos antecedentes, la pérdida de visión de un ojo, ello abusando del cargo, abusando de sus funciones y que provocaron en la víctima una afectación grave, constituyendo eso el delito de tortura".
"Los restantes funcionarios, que también fueron individualizados, toda vez que no impidieron y no hicieron cesar esas actuaciones por parte de los otros cinco funcionarios", dijo.
La audiencia se suspendió, ya que las defensas pidieron acceder a una serie de antecedentes.
El defensor Mario Vargas adelantó que "desde ya sí podemos decir que nos vamos a oponer a una medida denunciada desde ya hace tiempo que es la prisión preventiva, porque nos parece que acá estamos lejos del delito que quiere o pretende imputar la Fiscalía que es el delito de tortura".
"Hay una persona lesionada, nosotros creemos que esa lesión se produjo en el ejercicio de funciones de Carabineros. Carabineros no estaba ese día en la plaza, estaba en la plaza cumpliendo un deber que era repeliendo a personas que estaban cometiendo delitos", indicó.
La audiencia se retomará el 23 diciembre a las 09:00 horas, mientras que los funcionarios arriesgan penas que van desde los cinco años y un día de presidio.
