Cuatro exoficiales y un suboficial fueron formalizados también por los delitos de lesiones gravísimas, por dos jóvenes que sufrieron amputaciones, y lesiones graves.
Uno de los acusados quedó en arresto domiciliario total, dado que su relato permitió acreditar los delitos y vincularlos a otros hechos.
Cinco exfuncionarios del Ejército -cuatro exoficiales y un exsuboficial- fueron puestos en prisión preventiva y en arresto domiciliario total por el Juzgado de Garantía de Arica tras ser formalizados por el Ministerio Público por la muerte del soldado conscripto Franco Vargas, ocurrida durante una marcha de instrucción militar en Putre, Región de Arica y Parinacota.
Los cargos presentados por la Fiscalía incluyeron apremios ilegítimos con resultado de cuasidelito de homicidio -por la muerte del joven de 19 años-; lesiones gravísimas -por otros dos conscriptos que sufrieron amputaciones por infecciones-, y lesiones graves.
El tribunal determinó la prisión preventiva del teniente coronel Claudio Guajardo Pinochet, el teniente Bjorn Wohllk Araya, el subteniente Bastián Troncoso Jaque y el enfermero Manuel Zambrano González, al considerarlos garantes de las vidas de los soldados y cuyo actuar -según el juez- significó un peligro para la seguridad de la sociedad.
En tanto, la Justicia consideró la colaboración del capitán Michael Fritz Gervasoni, cuyo relato permitió acreditar los apremios y vincularlos también a otros hechos, razón por la que se decretó su arresto domiciliario total.
La jueza Macarena Calas planteó que "queda claro que las personas que participaron en estos hechos tenían un nivel de garante, más allá de su jerarquía directa respecto de los imputados. Tampoco es efectivo lo alegado por la defensa del señor Wohllk, cuando nos dice que él ya sufrió una sanción porque lo echaron del Ejército, eso es una sanción administrativa, esto es penal, y en materia penal hay sanciones, por lo cual es rechazado ese argumento".
"Son todos hombres de Ejército, con condiciones físicas y con conocimientos para poder escapar. Se entiende que la libertad de los imputados es peligrosa por el tipo de acto, la forma en que actuaron y respecto de jóvenes vulnerables que se encontraban a su total disposición", precisó, añadiendo que "la pena que arriesgan es efectiva".
La audiencia de formalización se realizó en dos jornadas: una de ocho horas el martes y otra este miércoles, de manera mixta, con imputados, abogados defensores y querellantes participando de forma presencial y remota.
En ella, se presentaron fotografías del cuartel militar Pacollo, donde inició la marcha, y videos de la reconstitución de escena realizada en el altiplano, que incluyó el lugar donde se desplomó Vargas y su posterior traslado al centro de salud familiar de Putre donde, de acuerdo a testigos, habría llegado con signos vitales.
De acuerdo con el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, en la oportunidad, "la muerte activa una respuesta de situaciones que venían ocurriendo en días anteriores". Además, hizo ver la diferencia entre "aporreos" y apremios ilegitimos.
"Lo importante es que se dieron por acreditados todos y cada uno de los hechos en la forma en que lo planteó el Ministerio Público, y esto es el resultado de una ardua investigación. Por otro lado, se dieron también por acreditados todos los supuestos materiales y delitos que fueron planteados en la formalización", comentó el persecutor tras la audiencia.
Carrera añadió que "estamos conformes, pero esto es sólo es el primer paso: tenemos que seguir adelante con la investigación para llevar los hechos al juicio oral que corresponde en este caso".
Por su parte, el abogado de la madre de Vargas, Sebastián Andrade, señaló que hubo "incumplimiento de reglamentos, abuso de cargos" por parte de los militares acusados.
El tribunal decretó un plazo de investigación de 120 días.
