Alberto Espina subrayó que, según le aseguró el comandante en jefe, Ricardo Martínez, "las acciones se han hecho dentro del marco legal".
El Ejército envió a la Corte Marcial los antecedentes de la filtración de una supuesta operación que espió a cuatro funcionarios, todos denunciantes de irregularidades.
El ministro de Defensa, Alberto Espina, respaldó este lunes las labores de inteligencia del Ejército, tras los cuestionamientos por el presunto espionaje a cuatro funcionarios, todos denunciantes de irregularidades en la institución.
Según reveló ayer de La Tercera, la llamada "Operación Topógrafo" tuvo, en 2017, como blancos de supuestas escuchas telefónicas a dos funcionarios activos y dos en retiro del Ejército: el capitán Rafael Harvey, al ex teniente Carlos Farías, al ex sargento Juan Pablo Díaz y al cabo primero Sergio Tudesca, por sospechas de filtraciones de documentos de la Ley Reservada del Cobre.
Además, el fin de semana se conoció la "Operación W", dirigida en contra del periodista Mauricio Weibel -autor del libro "Traición a la Patria"- quien reveló el desfalco anterior en la institución castrense.
El secretario de Estado manifestó su confianza en el comandante en jefe, Ricardo Martínez, quien le aseguró -dijo Espina- que "las acciones de inteligencia, cuando tienen por objeto las escuchas de conversaciones, han sido todas ellas autorizadas por un ministro de Corte de Apelaciones, quien requiere los antecedentes, los analiza y ve si realmente corresponde hacerlas".
"Desde el punto de vista del cumplimiento de la ley, las acciones se han hecho dentro del marco legal", lo que va en la misma línea en que el Ejército defendió sus "actividades de inteligencia y contrainteligencia", destacó.
La "Operación Topógrafo" se realizó en 2017 y se habría extendido durante unos seis meses, todo esto en el anterior Gobierno, cuando era ministro de Defensa José Antonio Gómez.
El aludido planteó que no tenía conocimiento de la operación, pero dijo que entiende que se habría ajustado al marco legal.
"Todas las materias de inteligencia que se desarrollan por las FF.AA. tienen que ir por un carril legal, eso significa que cualquier actividad que se realiza tiene que ser autorizada por un juez de los tribunales de justicia, que permiten realizar estas actividades y esta es la situación que está conociéndose", dijo Gómez.
Consultado si conocía el desarrollo de esta investigación, el ex titular de Defensa respondió que no. "No tengo información para los efectos de lo que realiza en materia operativa porque eso lo prohíbe la ley de Inteligencia", indicó.
El diputado Leonardo Soto (PS) planteó que "esta solicitud que hicieron, la Dirección Nacional de Inteligencia a la Corte de Apelaciones de Santiago, para intervenir los teléfonos de estos denunciantes, fue obtenida mediante procesos ideológicamente falsos".
"Estoy seguro que no les dijeron nunca a los ministros de la Corte de Apelaciones que iban a perseguir a denunciantes de corrupción. Creo que los hechos son tremendamente graves y hay que llevarlos a la justicia", indicó.
Pedirán investigar la filtración
Por otro lado, específicamente sobre la presunta operación de espionaje, Espina apuntó que no puede entregar detalles, ya que, según la ley, deben mantenerse en reserva. En ese sentido, consideró "delicado" que se filtraran antecedentes a la prensa, una vulneración de secreto que tiene pena de cárcel.
En este marco, el Ejército envió los antecedentes de la filtración al Segundo Juzgado Militar de la Corte Marcial, así como un oficio a la Fiscalía Militar para que se haga parte de la investigación.
La Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado de la Cámara de Diputados anunció que citará al director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), general de brigada Guillermo Parva, para que explique las escuchas telefónicas del organismo.
Vocero de Suprema abre puerta a pedir información
Al respecto, el vocero de la Corte Suprema, ministro Lamberto Cisternas, dijo no manejar antecedentes del caso pero abrió la puerta a que el Pleno del Máximo Tribunal pueda solicitar información.
"Normalmente las intervenciones telefónicas deben ser autorizadas, si se hacen de acuerdo con la Ley de Inteligencia, por un ministro de la Corte Apelaciones. Yo no sé exactamente qué sucedió en este caso, si se pidieron las autorizaciones, con qué motivo, ocupando, ningún detalle (...) Si hubiese motivo para ello, se piden los antecedentes, pero hasta este momento el Tribunal Pleno no ha conocido nada que le lleve a solicitar esos antecedentes", señaló el portavoz.
