El Gobierno respondió a las críticas que la oposición ha emitido contra el protocolo de acuerdo firmado con el sector público para el reajuste de sueldos, que incluye normas que han sido calificadas como propicias para instalar "amarres" de "activistas políticos" en cargos y puestos públicos.
El punto de conflicto radica en el artículo 14 del texto, que establece que la no renovación de contratos de trabajadores públicos deberá realizarse mediante un "acto administrativo fundado", prohibiendo que se aluda a las "necesidades del servicio" como única mención para la justificación formal.
Desde la oposición interpretaron esto como un intento de la Administración Boric de proteger y mantener a "activistas políticos" en cargos públicos, sobre todo para entorpecer el recorte prometido por José Antonio Kast e incluso el eventual recambio de funcionarios.
Ante esto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, afirmó que la propuesta "se explicará en sede parlamentaria", donde se expondrán "cuáles son sus fundamentos y cuáles son sus razones, haciendo la distinción entre funcionarios de carrera y funcionarios de confianza".
"Los funcionarios de confianza, obviamente, terminan sus vínculos laborales con el Estado el 11 de marzo (de 2026) porque ingresaron al Gobierno producto de su adhesión con el proyecto del Presidente Boric", expresó.
"Sin embargo, respecto de los funcionarios de carrera, lo que se aplica (en esta propuesta) es que, en caso que se proceda a su desvinculación o despido, simplemente éste se fundamente", sostuvo Elizalde.
De todos modos, "nosotros vamos a mantener lo que ha sido nuestra línea de conducta desde el primer día: voluntad de diálogo para generar acuerdos que sean positivos para el país", añadió el expresidente del Partido Socialista.
El controversial protocolo firmado también señala que los funcionarios con al menos dos años de servicios continuos podrán reclamar por vicios de legalidad si no se renueva su designación, o se hace bajo condiciones distintas.
Además, en dichos casos, la Contraloría solo podrá abstenerse de resolver las reclamaciones si el interesado ha interpuesto acciones jurisdiccionales.
