El ministro en visita Guillermo de la Barra fundó la participación del "Comandante Emilio" con diversas pruebas en la causa.
"Con su testimonio (Escobar Poblete) prefiere reivindicar el homicidio de quien considera el principal ideólogo del régimen militar", señaló el fallo.
El ministro en visita Guillermo de la Barra Dünner condenó a Raúl Eduardo Escobar Poblete, el denominado "Comandante Emilio", a 18 años de presidio por su responsabilidad como autor del homicidio terrorista del senador y fundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jaime Guzmán Errázuriz, ilícito cometido el 1 de abril de 1991 frente al Campus Oriente de la Universidad Católica, en el límite de las comunas de Providencia y Ñuñoa.
El magistrado además estableció que una vez que la sentencia quede firme y ejecutoriada se proceda a la devolución de Escobar Poblete a México en cumplimiento del acuerdo de entrega temporal firmado entre los gobiernos de Chile y los Estados Unidos Mexicanos, para que el antisocial siga purgando en ese país una condena de 60 años, por el delito de secuestro agravado.
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— Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) August 29, 2022
El ministro fundó la participación de Escobar Poblete "con diversas pruebas en la causa".
De la Barra señaló en el fallo que "el ilícito que se le reprocha a Raúl Julio Escobar Poblete es el de atentado terrorista con resultado de muerte de una autoridad política, previsto y sancionado en legislaciones especiales, conducta cuyo desvalor excede el ataque al bien jurídico de la vida, pues también se agrede la convivencia política dentro de toda una comunidad, generándose el consecuente temor entre los miembros de la misma, de manera que el transcurso del tiempo desde la comisión del delito no provoca la desaparición de la necesidad de castigo".
Asimismo, el fallo indica que Escobar Poblete "en su declaración indagatoria no negó de manera explícita su participación en ese ilícito, pues la respuesta que optó por dar es que se declaraba 'no culpable', dando a continuación diversas razones que, en su concepto, tornaban legítimo o, al menos, exento de reproche el 'ajusticiamiento' de dicha autoridad política".
"Es decir, en vez de refutar las evidencias probatorias que lo situaban en el lugar de los hechos como uno de los dos individuos que disparó en contra del senador, lo que hace es emitir un juicio de valor, argumentando acerca de lo 'justo' que era llevar a cabo ese crimen", agrega el texto.
"Con su testimonio (Escobar Poblete) prefiere reivindicar el homicidio de quien considera el principal ideólogo del régimen militar y constructor de una institucionalidad ilícita que incluso le habría posibilitado acceder al cargo de senador, en vez de controvertir los antecedentes fácticos sobre los que se sustenta la imputación que se le formula como autor material e inmediato del delito", enfatiza el fallo.
Cabe destacar que el abogado de Escobar, Alberto Espinoza, podría apelar a la condena, aunque la estrategia de defensa es desconocida de momento, ya que el defensor se encuentra revisando los pasos a seguir.
El abogado de la familia de Jaime Guzmán, Luis Hermosilla, destacó que "el hecho que, pasados tantos años de este asesinato, los tribunales en Chile en esta sentencia le apliquen una pena tan alta como esta, me parece que es una buena noticia, es bueno para el país, es bueno que las instituciones funcionen y se sancione crímenes de esta naturaleza cometidos en democracia".
"Recibimos con satisfacción la sentencia del ministro señor de la Barra y esperamos que los tribunales superiores confirmen su contenido en la oportunidad que corresponda", valoró.
El presidente de la UDI, Javier Macaya, destacó que "la justicia se tarda, pero llega. Yo creo que es importante valorar los esfuerzos que se hicieron en la coordinación internacional, particularmente con México, de lograr esta justicia. Obviamente hay una coordinación respecto al cumplimiento de delitos graves que él cometió también en México".
"Nos parece que una persona que validó la violencia como método de conseguir objetivos políticos tanto en Chile como en México, tiene que cumplir condena", agregó el timonel gremialista.
La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dijo que "la Justicia ha operado en este caso" y que se estableció la responsabilidad del crimen tras una larga investigación, lo que "demuestra que nuestro Estado de derecho funciona y que el organismo correspondiente de garantizar que haya un esclarecimiento de los hechos y las condenas respectivas, está funcionando".
En declaraciones similares, el presidente de la Cámara Baja, Raúl Soto (PPD), enfatizó que "siempre es importante cuando la institucionalidad funciona y eso nos da garantías a todos los sectores políticos y a la sociedad en general", por lo que instó a "valorar cuando las instituciones hacen su pega y se dan sanciones que son ejemplificadoras respecto de hechos ocurridos en el pasado".
Su homólogo del Senado, Álvaro Elizalde (PS), sostuvo que "crímenes violentos como el descrito tienen que ser sancionados y no pueden quedar en la impunidad", recordando que esclarecer los hechos y aplicar las sanciones correspondientes "le corresponde a la justicia y no al poder político".
