El ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró este lunes que la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de admitir los requerimientos presentados por la oposición para impugnar los indultos que el Presidente Gabriel Boric otorgó a 12 presos del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna amplía el debate jurídico a "todos los indultos que se han otorgado desde la dictación de la Ley 18.050, es decir, desde 1981 hasta la fecha".
Entrevistado por El Diario de Cooperativa, el secretario de Estado comentó que "el debate en el TC -y esto es lo relevante- abre una discusión no solo sobre estos indultos. Días atrás, a pocos días de haber asumido, advertí de que la oposición, al plantear una estrategia legal muy agresiva -en rigor, al tratar de ocupar la estrategia legal con fines políticos- podría generar una discusión que iba más allá de estos indultos, porque las impugnaciones ante el TC finalmente impugnan el ejercicio de la potestad de indultos".
"Cuando declara admisible la semana pasada estos requerimientos, el TC oficia al Ministerio de Justicia en una medida para mejor resolver y no solo para que acompañe los expedientes de estos indultos, sino que el TC ha solicitado copias de todos los indultos que se han otorgado desde la dictación de la Ley 18.050, es decir, desde 1981 hasta la fecha", señaló.
"Para que ustedes se hagan una dimensión -continuó-: sólo los indultos dictados desde el retorno a la democracia son alrededor de 1.600 y el Ministerio se encuentra recopilando también los sentidos de 1981 a 1990, que es la totalidad del periodo que ha pedido el TC, lo cual implica que ya esta discusión excede el ejercicio de la potestad de indultos de estos decretos impugnados, sino que el TC va a mirar cómo se ha ejercido ésta desde 1981 hasta la fecha".
Consultado sobre las posibles implicancias de la ofensiva de la oposición, Cordero señaló que los indultos otorgados "son actos administrativos que se emitieron y produjeron sus efectos, por eso no se pueden revocar. Uno revoca por razones de mérito".
Agregó que "hay otra cuestión que es relevante y que es conveniente explicar. Lo que se debate en el TC es la constitucionalidad de los decretos dictados, es decir, la conformidad de éstos con la Constitución, no los problemas de legalidad, y, por lo tanto, aquí puede haber esencialmente dos alternativas: la primera es que el TC considere que los decretos son dictados conforme a la Constitución y, en consecuencia, no hay controversia; y lo segundo es que considere que en alguna parte estos (decretos) la infringen. El TC en el pasado, sin embargo, ha sido especialmente cuidadoso con actos que han producido sus efectos".
"Aún en esa hipótesis, son actos que ya han tenido consecuencias, las personas están en libertad, y sometidas además a la supervisión de la autoridad de Gendarmería, por lo tanto, la idea de que sean personas que puedan volver a estar en la cárcel es una idea, en mi opinión, alejada de los efectos jurídicos que se puedan provocar", enfatizó Cordero.
PLAN DE BÚSQUEDA DE DD.DD.
De cara a los 50 años del Golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende, que se conmemorará el próximo 11 de septiembre, el titular de Justicia dijo estar "convencido" del plan nacional de búsqueda de personas detenidas desaparecidas que impulsa el Gobierno.
"Como ha dicho el Presidente, toda la verdad y toda la justicia. La pregunta 'dónde están' sigue siendo una pregunta plenamente vigente. Lo que le corresponde al Estado -y ese es el mandato que el Presidente a mí me ha dado y con el cual, además, yo estoy convencido- es ayudar a las víctimas precisamente a lograr justicia y a lograr el paradero de sus familiares", manifestó el ministro.
Apuntó que "la edad de los familiares ha avanzado y yo creo que en el pasado hemos tomado algunas decisiones probablemente no del todo completas. El plan de búsqueda -que esté en este momento en una etapa de diálogo- trata de articular una serie de medidas que van desde la recopilación y sistematización de información hasta dotar de mecanismos para lograr resultados en las investigaciones".
En esa línea, Cordero indicó que, si bien "la Corte Suprema y el Poder Judicial han hecho esfuerzos bien significativos" en materia de DD.HH., "los datos son bien brutales: tenemos 1.463 investigaciones en primera instancia por graves violaciones a derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1990 que se encuentran vigentes y solo tenemos halladas 231".
"¿Por qué tenemos ese número tan bajo? Varias razones: disponibilidad de testimonios, falta de recursos para los peritajes, dotar de mayor apoyo a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, robustecer los recursos para el SML", planteó Cordero.
"Hasta ahora, el Estado de Chile no ha podido recopilar y sistematizar en un solo lugar esa información. Tenemos muy buenas razones para que, en los 50 años del golpe, el Estado tome una decisión definitiva en la manera de abordar esta información y en la manera de avanzar en las investigaciones actualmente penales vigentes", concluyó.
