Un análisis del Servicio Jesuita a Migrantes alertó que entre enero y julio de este año a Chile han ingresado 23.673 personas extranjeras por pasos no habilitados, cifra que representa un máximo histórico, e incluso proyectó que hasta fin de año puede haber "un número histórico, sin precedentes y preocupante".
Entre ellas, la principal nacionalidad es la venezolana, con 17.914 ciudadanos.
Es un dato oficial pero, apunta la organización, no es un reflejo totalmente fiel de la realidad. La cifra -obtenida vía Transparencia y entregada por la PDI- se trata personas que se han autodenunciado o que han sido descubiertas y denunciadas, sin embargo, no hay información "de cuántos son en total, porque hay personas que por miedo no se autodenuncian y están invisibilizadas por la institucionalidad", aclaró Walezka Ureta, directora nacional del SJM, en El Diario de Cooperativa.
En este marco, "creemos que la política del Estado y del Gobierno ha fallado", cuestionó, remarcando que "todos queremos una migración segura, ordenada y regular, pero cuando tienes instrumentos diplomáticos y políticos para hacerlo, como las visas y la ley de refugio, y no se utilizan, estamos en problemas".
"En Chile, desde el 2008, cuando empezaron a haber estas medidas administrativas sobre todo para las personas de Venezuela y de Haití, tenemos una tasa de otorgamiento del 14% de visas de responsabilidad democrática creada por la situación de Venezuela, y tenemos menos del 12% de la visa de turismo consular para Haití y Venezuela", detalló, reprochando que "son cifras bajísimas para un instrumento que se creó para una migración segura, ordenada y regular".
"Ni hablar de ley de refugio, que en una situación como la de Venezuela el año pasado cerramos con una cifra vergonzosa y lamentable de 10 otorgamientos", criticó.
Ureta planteó que "organismos internacionales proponen que se haga un esfuerzo mancomunado de los países de la región y no se ha hecho (...) y es importante la articulación interna desde el gobierno central con las autoridades locales, con la academia y la sociedad civil, y tampoco ha existido".
En ese sentido, resaltó que "las medidas diplomáticas son muy relevantes" para ordenar la migración, a la vez que instó a "la mancomunión con los otros Estados".
"Ninguna de las personas que ha llegado migra por gusto, cruzar cinco países con hijos, adultos mayores y toda la exposición en el camino, el tráfico de personas, es una migración forzada, y la idea es que los países que están recibiendo esta migración puedan ordenarse entre ellos", expuso.
Y en Chile, la "situación migratoria irregular ha precarizado aún más la situación de las personas extranjeras dado que la irregularidad tiene que ver con que no tienes los papeles en regla, y eso quiere decir que no tienes RUT, y si no tienes RUT, en Chile no existes", lamentó.
RESPUESTA DEL GOBIERNO
Desde el Gobierno, el vicepresidente Rodrigo Delgado afirmó que "el gran problema que tenemos es que durante la pandemia ha sido muy dificultoso poder otorgar esas visas". Esto, explicó, porque esos documentos "en general también se otorgan en los países de origen y los consulados han tenido que ir cerrando en virtud de la pandemia".
"¿Cuál es el foco de nueva legislación? Poder tener, por ejemplo, un énfasis en las visas de reunificación familiar y en es, por supuesto, estamos trabajando, y vamos a seguir trabajando, y una vez que las fronteras puedan tener mayor apertura vamos a poner un foco allí, pero tampoco es ilimitado", agregó.
Asimismo, Delgado fue consultado por los ingresos irregulares y por el trabajo del Gobierno respecto a este punto. Sobre esto, dijo: "Uno puede decir la expulsión o las visas y otros pueden decir resguardo en las fronteras, pero todo eso lo estamos haciendo. Además, estamos agregando otro factor que es tremendamente importante, que es desbaratar a aquellas bandas organizadas, criminales, que hoy traen gente a Chile por pasos no habilitados".
"Gran parte de las personas que cruzan a Chile -es la minoría la que lo hace de motu propio o sus propios medios-, en general, lo que hace es contactar, en el lado boliviano, a estas bandas y les pagan para que puedan conectarse con bandas del lado chileno. Por lo tanto, si somos capaces de desbaratar esas bandas en Chile y también en el caso del lado boliviano -y estamos trabajando para ello- vamos a poder también, seguramente, bajar las plataformas donde ellos pueden conseguir este tipo de viajes tan peligrosos", aseguró.
