Carabineros respaldó la polémica iniciativa conocida como nueva "Ley Mordaza", que corre en paralelo con la Agenda Corta Antidelincuencia y que fue aprobada en general por la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja en el marco de las modificaciones a la Ley Antiterrorista.
La moción de parlamentarios de RN y de la UDI establece penas de hasta cinco años de cárcel para quienes difundan antecedentes de diligencias de carácter reservado y multas a los directores de los medios de comunicación que las reproduzcan.
La medida fue respaldada en el Congreso por el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, señalando que "los artículos 3 y 4 satisfacen plenamente lo que nosotros necesitamos. Concordamos y estamos total de acuerdo en lo que hay que hacer, pero también se cruza con el proyecto de ley de noviembre de 2014, que creo que es más completo".
El artículo 4 al que se hace referencia tiene que ver con la facultad del fiscal de disponer que efectivos policiales y sus informantes actúen como agentes encubiertos.
Por su parte, el director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado del Ministerio Público, Mauricio Fernández. tomó algo de distancia con el artículo 3, que sanciona la divulgación de informaciones.
"En relación al tema del secreto y reserva de la investigación, ese es un tema que hay que manejar con cierta precaución en términos de que debe ser un secreto que tenga un objetivo preciso, o sea, o proteger la investigación o proteger a testigos y, por lo tanto, es una fórmula un poco amplia", expresó.
Esta moción no solo tuvo votos de parlamentarios de oposición al ser aprobada en general por la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, ya que también fue aprobada por los diputados PPD Daniel Farcas y Guillermo Ceroni, y los DC Matías Walker y Gabriel Silber.
Agenda Corta inicia tercer trámite
En paralelo, la Agenda Corta Antidelincuencia iniciará la tarde de este martes su tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputados, texto que contiene al menos dos elementos polémicos.
El primero es la norma antifiltraciones, que castiga con cárcel o multa a los intervinientes en las investigaciones que filtren información, que podría ser rechazada en Sala e ir a comisión mixta; y el control de identidad preventivo que podría ser derivado como disposición al Tribunal Constitucional.