El jurista argumentó sobre las ilegalidades que en su opinión se produjeron en el operativo realizado el mismo día que la parlamentaria dio a luz a su hijo.
“El informe policial tiene incongruencias, inconsistencias, errores y faltas significativas”, declaró el defensor.
El abogado Juan Carlos Manríquez, defensor de la diputada Karol Cariola, abordó esta mañana en Cooperativa las acciones legales que tomó la parlamentaria tras el cuestionado allanamiento en su domicilio el pasado lunes, mismo día que dio a luz a su hijo.
El jurista señaló que "hay que dejar establecido y claro que ese informe policial estaba en conocimiento de los intervinientes desde hace un par de meses al menos, y lo segundo, es que ese informe correctamente chequeado tiene incongruencias, inconsistencias, errores y faltas que son significativas".
En ese sentido, argumentó que "se deja fuera cuando se trata de decir que hay un peligro urgente en obtener esa información del teléfono, que la señora (Cariola) estaba bajo observación hace varios días, sabían exactamente donde estaba y había comunicación fluida y directa entre los PDI a cargo con la Fiscalía".
"Chile tiene dos normas exactas y protocolos para poder decidir cuándo se actúa con este tipo de medidas más intrusivas respecto a personas en especial situación de vulnerabilidad, los cuales son entre otras, las parturientas y gestantes: la norma orgánica de la PDI y el código de ética y reglas. Aun así, los policías dicen que se les insistió en llevar adelante esa diligencia en ese minuto y hora", afirmó.
De acuerdo a Manríquez, el pretexto para realizar el allanamiento era que la diputada tuvo acceso al informe y podía ponerse de acuerdo con otra persona para eliminar evidencia, pero reparó en que "usted cree que una mujer puesta en una mesa quirúrgica pariendo un niño, ¿va a estar con su teléfono transfiriendo un informe o poniéndose de acuerdo con otro?"
Además, enfatizó que "en el teléfono que se le extrae al padre del menor, el diputado Tomás de Rementería –que estaba en el hospital y a quien se le dijo expresamente y es materia de la denuncia, que si quería escándalo lo iba a tener-, está filmado los momentos de las 20 horas de parto de la señora Cariola".
"Esto es totalmente vejatorio y humillante, porque por la cultura de filtraciones de este país, lo más probable que si esto no se controlaba ni reclamaba ahora mismo esas fotos y video esta´rian dando vuelta por todas partes", sostuvo, y agregó que "no tenemos ninguna garantía de que no se vaya a filtrar, mientras no se acoja la nulidad del procedimiento".
El jurista insistió que "como quiera que se le mire, esto fue completamente inadecuado, inoportuno, falto de prudencia y mesura, tanto de quien reiteró la orden, quien la obtuvo con información incompleta –de un tribunal que le arrancó una decisión a un tribunal que fue sorprendido- y a quien la ejecutó de una manera completamente innecesaria.
Respecto a la denuncia puesta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el abogado declaró que se recurrió a la instancia porque el Estado está mostrando desapego a una justicia normal.
En esa línea, aseveró que "cualquier tribunal podría calificarlo de violencia obstétrica", ya que, "hay convenciones internacionales, tanto respecto al niño y la mujer, dos leyes que impiden la violencia obstétrica, que no es solo durante el tratamiento, parto y los actos posteriores. Esto es muy grave".
Asimismo, sostuvo que hasta el momento "no hemos visto que el Estado quiera abordar" la situación de Cariola y esperan que sumarios internos aclaren la situación, con el fin de que la CIDH tome alguna decisión.
Esta situación fue comentada por la vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, quien sostuvo que "el respeto de las instituciones pasa también por reconocer el derecho que tiene cada persona de utilizar las herramientas que el ordenamiento jurídico nacional o internacional le entrega. Nosotros no sobrecalificamos ni hacemos segundas o terceras lecturas, se trata de una persona haciendo uso de las distintas herramientas que la regulación le entrega y eso es parte del normal funcionamiento de las instituciones".
La pareja de la militante socialista complementó más tarde que el procedimiento "puso en riesgo la vida y la integridad física y psíquica tanto de la diputada Cariola, como de una serie de menores de edad", aludiendo a sus hijos que estaban presentes durante la diligencia.
De hecho, se presume que la PDI quería llevarse el celular perteneciente a su pequeño de tres años, el cual estaba descargado, aunque cercanos a los funcionarios afirman que sólo solicitaron encenderlo para verificar si la diputada lo había utilizado o no, y no fue incautado.
"Esta diligencia se hace, además, basada en hechos engañadores hacia la jueza: señala, por ejemplo, que la patente que es objeto de la discusión había sido aprobada, otorgada y renovada, cosa que no es cierta, y la conversación además no denota en ningún momento un ejercicio de influencia. Además, mezcla a dos personas totalmente diferentes", detalló De Rementería.
Con todo, el parlamentario consideró que "es el momento de que el fiscal (regional de Coquimbo, Patricio Cooper) tenga la valentía de decir que se equivocó, que confió en un informe que no era prolijo, y que buscó un resultado a toda costa".
En una escueta declaración desde el Congreso, el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Eugenio Campos, apuntó que "entiendo que el fiscal Cooper hace un par de días dio detalles de lo que se puede indicar -por cierto-, porque hay otros respecto a los cuales no podrán conocer, y que en su momento serán materia en la sede del Juzgado de Garantía".
"Se trata de una investigación respecto de hechos que revisten carácter de delito, y todas las diligencias tienen por objeto aclarar puntos, garantizar otros, y por tanto, están en pleno curso", añadió.
