Dirección del Trabajo anunció fiscalización ante despidos tras el terremoto
Así se busca prevenir el uso injustificado de la cláusula de "fuerza mayor".
Ministra Merino afina ya un paquete de medidas para ir en ayuda del empleo.
Así se busca prevenir el uso injustificado de la cláusula de "fuerza mayor".
Ministra Merino afina ya un paquete de medidas para ir en ayuda del empleo.
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| Camila Merino se reunió con el Presidente Piñera y también con la Unión Nacional de Trabajadores. (Foto: UPI) |
La ministra del Trabajo, Camila Merino, informó que se ha instruido a la Dirección del Trabajo para fiscalizar a las empresas que hagan uso de la cláusula de "fuerza mayor" para despedir trabajadores tras el terremoto.
Las empresas han recurrido al artículo 159 del Código del Trabajo, que permite a las empresas desvincular trabajadores por casos fortuitos o de fuerza mayor, en este caso, el terremoto del pasado febrero, sin tener que pagar indemnizaciones.
Merino aclaró que hay empresas afectadas que sí deben parar sus operaciones, pero resaltó que no todos los privados pueden recurrir a esta opción sin razón justificada, y que de producirse aquello, se realizarán las acciones legales correspondientes.
"El terremoto es causal de fuerza mayor pero es importante aclarar que no por estar en una zona de catástrofe uno tiene derecho a la fuerza mayor: tiene que estar realmente afectado y en eso vamos a hacer las fiscalizaciones que correspondan para que no haya abusos", dijo la ministra del Trabajo.
En la Dirección del Trabajo, añadió, "están conscientes de que hay que preocuparnos que los trabajadores no se vean dañados".
Merino estuvo reunida durante la mañana con el Presidente Sebastián Piñera en La Moneda, afinando un paquete de medidas para cuidar el empleo que será anunciado en los próximos días.
De acuerdo a cifras de la Dirección del Trabajo, hay un total de 6.111 casos de despidos por fuerza mayor acogidos a ese artículo: de ellos, 3.761 son en el Biobío, 398 en el Maule, 390 en O'Higgins y 1.357 en la Región Metropolitana.
Uno de los casos en Santiago es la Clínica Providencia, donde 200 trabajadores fueron despedidos, y por ello denunciaron al recinto ante las autoridades correspondientes para que se investigue.
Según la dirigenta Mercedes Cáceres, la clínica "es una empresa rentable, aquí hay capital para pagarle a los trabajadores y ellos están haciendo abuso de este artículo que está en la ley", ya que no se observan daños estructurales y hay algunos de ellos aún trabajando.