La investigación del cinematográfico robo a la empresa Brinks en Rancagua (Región de O'Higgins), ocurrido el 16 de agosto de 2024, reveló detalles de la doble vida de la sargento primero de Carabineros Claudia Bustamante, de 47 años, quien fue detenida el jueves, acusada de desempeñar un rol clave en la organización criminal y será formalizada este viernes.
Conocida como "La Mami", la ahora exfuncionaria contaba una trayectoria de 29 años de servicio en la institución. Se desempeñaba en la Subcomisaría Diego Portales de Rancagua, posición que presuntamente le permitió acceder a información privilegiada.
Según los antecedentes entregados por el Ministerio Público, la mujer era la pieza clave que "dateaba" a la banda delictual, compuesta por más de una veintena de civiles y otros cinco carabineros, que ya fueron dados de baja.
¿Cómo se dio a conocer su apodo?
El mismo día del millonario atraco -cuyo botín fue de alrededor de 12 mil millones de pesos, de los cuales se han recuperado un poco más de 200- fue detenido el líder de la banda de los civiles, Jaime Beltrán, acusado de planificar el delito y quien entregó el dato de una funcionaria de Carabineros a la que llamaban "La Mami".
"Sucede también que muchas veces las personas no participan de estas situaciones con sus nombres verdaderos. Todos saben que esta funcionaria era conocida por un sobrenombre: 'La Mami'. De hecho, todos los imputados que yo he entrevistado la reconocen así, casi ninguno sabía su nombre", explicó la abogada privada María Paz Aguilera, defensora de Beltrán y la pareja de éste, Doris Rosales.
"Los datos se aportan, pero desde otra perspectiva, quizás no con el nombre preciso del funcionario. No solo mi representado, también otros representados en la causa señalaron esta situación de los funcionarios y, cuando se realizó la última formalización de los últimos detenidos, ya se mencionaba y el fiscal regional hizo referencia a que había una funcionaria mayor de alto rango investigada", complementó.
Por su parte, el defensor público Leonardo Díaz, quien representará a Bustamante tras su desvinculación de Carabineros por faltas graves a la ética profesional con expectativas de delito, explicó que la detención de la imputada obedece a "una orden emanada del mismo tribunal, pedida por la Fiscalía".
"Entiendo, por los medios de prensa, que la detuvieron anoche. Y si no tiene abogado privado, la defenderemos nosotros como Defensoría Penal Pública", señaló.
"Ella niega cualquier participación en estos dos ilícitos (Brinks y Prosegur). No conoce siquiera a los coimputados, salvo a los que son funcionarios policiales. No conoce a ninguno de los coimputados civiles que están vinculados al caso Brinks, principalmente", enfatizó el jurista.
En concreto, hubo otras dos audiencias en que participó el defensor público Leonardo Díaz: en la que se determinó la suspensión condicional del procedimiento y que pudo optar a salida alternativa del imputado Manuel González; y en el procedimiento abreviado contra Doris Rosales, quien fue condenada a cinco años de libertad vigilada intensiva por los delitos de encubrimiento y lavado de activos.
Posible vínculo con robo frustado a Prosegur
La "doble vida" de Bustamante no se limitaría solo al caso Brinks, puesto que las indagatorias la vinculan también con el frustrado robo a Prosegur en febrero de 2024, cuando la PDI descubrió un túnel de 15 metros que apuntaba a una bóveda con 24 mil millones de pesos.
Este antecedente sugiere que, supuestamente, la sargento estuvo operando ilícitamente meses antes del asalto a Brinks.
El operativo de la PDI por el túnel hacia Prosegur dejó a 10 sujetos detenidos.
Durante la extensa audiencia de formalización, el Ministerio Público expuso la conexión entre ambos casos, revelando encuentros previos donde se acordaban pagos para cometer los ilícitos y se planificaban ataques simulados para despistar a la policía.
La excarabinera participó en una de estas reuniones a través de una videollamada y en otra ocasión llegó vestida de uniforme, aunque sin bajarse del vehículo, siendo reconocida por un lunar debajo de la boca.
Según detalló el fiscal jefe de Análisis Criminal, Carlos Fuentes, "Prosegur fue la investigación en la que nacen los primeros antecedentes, pero no teníamos nada todavía muy concreto".
Agregó que "luego, cuando se destapa que había participación de carabineros en (el caso) Brinks, y llegan los primeros cinco detenidos de carabineros, sale con mayor claridad que había alguien que lideraba este grupo de carabineros y que corresponde a la ahora exsargento que pasó a control de detención".
El presunto modus operandi
El persecutor detalló entonces de qué manera se coordinaban: "Se da dinero a los excarabineros para engancharlos y se les promete una recompensa por participar Se organizan, se establecen los turnos, qué es lo que tienen que hacer y cuáles son las vías de huída. Hay personas que se repiten tanto en uno como en otro delito".
De hecho, los testimonios de siete involucrados incriminaron a la exfuncionaria, y en ese contexto, Fuentes apuntó que "tenemos un dato no menor, que es que uno de los sujetos que declara dice: 'En todos los robos grandes siempre estoy con ella y con ese grupo'".
Durante una extensa audiencia de formalización, el Tribunal de Garantía finalmente ordenó la prisión preventiva en contra de la imputada, acusada por los delitos de asociación ilícita y robo con intimidación por el caso Brinks; mientras que por el caso Prosegur se le imputó robo en lugar no habitado y asociación delictiva. La mujer ingresó a la Cárcel de Rancagua.
Además, fijó el 16 de febrero como fecha límite para el plazo de investigación, momento en el que la Fiscalía deberá presentar la acusación para el juicio oral.
Sin embargo, el abogado Díaz prevé apelar a esta cautelar, por cuanto "ella niega cualquier participación en estos dos ilícitos; de hecho, no conoce siquiera a los coimputados, salvo a los que son funcionarios policiales, que están vinculados con el caso Brinks".
Gobierno: "Este es un hecho muy grave"
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, catalogó la detención de la sargento de Carabineros como "una situación muy grave: no solo da cuenta del delito que está vinculado en el caso Brinks el año 2024, sino que también de uno previo en el cual existen antecedentes de la participación de ella (robo frustrado a Prosegur)".
El hecho, según explicó, "también da cuenta de los mecanismos a los cuales Carabineros ha ido accediendo estrictos de control interno. Que dentro de las filas institucionales de cualquier organización existan personas reñidas con la ley, que cometen ilícitos aprovechando la posición, por cierto no solo es reprobable, sino que además atentan contra la doctrina institucional como ha ocurrido en este caso".
"Una pregunta y una inquietud que pudiera existir es por qué no se dio de baja antes pese a la investigación, y esto tiene que ver estrictamente con que en investigaciones de este tipo, por instrucciones del Ministerio Público. Mientras dura la investigación, esos funcionarios, para efectos del éxito de la investigación, deben mantener su normal funcionamiento para obtener resultados de la misma", complementó Cordero.
