Luis Cordero señaló que la ex ministra Matte aún arriesga una acusación constitucional por el caso Kodama.
Calificó como "complicada" su posición desde el punto de vista jurídico.
El profesor de Derecho Administrativo Luis Cordero calificó como "demoledor" el informe dado a conocer por Contraloría respecto al caso Kodama.
En contacto con Lo Que Queda del Día señaló que la situación jurídica de la ex ministra Magdalena Matte es "complicada", además de recalcar que aún puede ser objeto de una acusación constitucional.
Indicó que en el caso de infracciones a la probidad cometidas por funcionarios actualmente en ejercicio, estos arriesgan destitución, mientras que a los ya renunciados se les puede aplicar alguna medida disciplinaria que quedaría en su hoja de vida.
"En mi opinión el informe es demoledor, yo lo calificaría de ese modo. Es un informe muy riguroso, pero es demoledor de la descripción en cómo se pasaron los hechos y creo que la posición jurídica de la (ex) ministra Matte es complicada", señaló.
"Contraloría considera que las actuaciones de la División Jurídica del Ministerio de Vivienda fueron inadecuadas porque no controló adecuadamente los respaldos" y se confirma el "régimen de responsabilidades que le correspondía a la ex ministra Matte", sostuvo.
"Ella probablemente se va exponer a un procedimiento administrativo, un sumario administrativo donde lo que pueden perseguir es la probidad administrativa, es decir tratar de detectar si acaso éste es o no un caso de probidad administrativa", agregó.
Susceptible de acusación constitucional
"Las hipótesis sobre las cuales razona la Contraloría en estricto rigor también son susceptibles de acusación constitucional, en términos de que aquí hay una omisión de control con efectos y consecuencias negativas para el Estado", añadió.
Además, indicó que en caso que efectivamente se determine la existencia de responsabilidades administrativas imputables, y si efectivamente el Estado hubiera llegado a pagar "existiría una responsabilidad patrimonial sobre los montos que efectivamente se pagaron y no debieron pagarse".
Sostuvo que si la justicia abre una indagación sobre la ausencia de los debidos controles, se puede perseguir si se está frente a una administración negligente del gasto público o derechamente se buscó defraudar al patrimonio del Estado.
