La licitación para Belo Monte se realizaría el próximo 20 de abril.
Se convertiría en la tercera mayor represa del mundo.
La justicia brasileña suspendió este miércoles la licencia previa que las autoridades habían dado para la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte, en el corazón de la Amazonía, y la licitación del proyecto que estaba prevista para el 20 de este mes.
El juez federal Antonio Carlos de Almeida Campelo ordenó la suspensión de la licencia y la licitación tras examinar una demanda presentada por el Ministerio Público Federal, que hace unas semanas denunció los "graves daños" que causaría al ecosistema amazónico la hidroeléctrica que el Gobierno pretende construir en el río Xingú, en el estado de Pará.
Según los planes del Gobierno, Belo Monte tendrá una potencia de 11.233 megavatios y será la tercera mayor hidroeléctrica del mundo por detrás de la china de las Tres Gargantas y la de Itaipú, que comparten Brasil y Paraguay.
Almeida Campelo consideró que con la ejecución de la obra existe "un peligro de daño irreparable" para la selva amazónica.
"Está probado, de forma inequívoca, que la hidroeléctrica Belo Monte explotará un potencial de energía hidráulica en áreas ocupadas por indígenas que serán directamente afectadas por la construcción y desarrollo del proyecto", apuntó el juez.
El magistrado ordenó además que el estatal Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama) se abstenga de emitir una nueva licencia para la obra y que no se convoque a una nueva licitación.
Los pueblos indígenas que viven en las zonas donde se pretende construir la represa han denunciado que la obra destruirá su forma de vida y amenazaron con un "río de sangre" en caso de que el Gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva siga adelante con los planes de la hidroeléctrica.
El juez que suspendió la licencia y la licitación dispuso además que, en caso de incumplimiento de su fallo por parte de las empresas interesadas, del Ibama o de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), se aplicará una multa de un millón de reales (unos 572.000) que serán revertidos a las comunidades indígenas afectadas.
