Al deslegitimar los juicios militares, la máxima corte del país norteamericano obligó al Pentágono a elaborar una nueva forma de procesar a los "combatientes enemigos".
El Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió que el presidente de George W. Bush se excedió en sus atribuciones en tiempos de guerra con la creación de tribunales militares para los detenidos en la base de Guantánamo, en Cuba.
La decisión representa un revés importante para la política antiterrorista del Gobierno Bush, ya que limita sus poderes para realizar juicios militares para presuntos terroristas apresados en la base naval.
El Tribunal Supremo, con su decisión de cinco votos a favor y tres en contra, fuerza con este fallo al Departamento de Defensa a elaborar un nuevo esquema para los casi 500 detenidos en la base militar, llamados "combatientes enemigos", que esperan juicio.
En el centro de esta determinación está el caso conocido como "Hamdan contra Rumsfeld", que fue planteado después que el ciudadano yemení Salim Ahmed Hamdan, uno de los presos en la base militar y considerado el chofer del líder de la red terrorista Al Qaeda, Osama bin Laden, decidiera presentar un recurso contra su procesamiento.
Hamdan reclamaba que se declaren anticonstitucionales los tribunales de guerra creados especialmente para los presos de la base naval estadounidense de Guantánamo.
Estados Unidos considera que esos presos son "combatientes enemigos" y están excluidos de la protección que otorgan las convenciones de Ginebra.
El magistrado John Paul Stevens, quien redactó el fallo, indicó que los juicios ante los tribunales militares son ilegales ante la ley de Estados Unidos y las citadas convenciones.
Los abogados de Hamdan pedían al Tribunal Supremo que se pronunciara sobre el alcance de los poderes del presidente estadounidense, desde los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York y Washington.
En concreto, el abogado defensor de Hamdan y profesor de la Universidad de Georgetown, Neal Katyal, pidió al Supremo que pusiera fin a "esta atribución de poderes sin precedentes".
Frente a esta postura, los letrados del Gobierno alegaban que los tribunales federales no debían interferir en las medidas presidenciales para la lucha contra el terrorismo.
Washington también alegaba que una resolución del Congreso aprobada tres días después de los atentados y la propia Constitución concedían poderes a Bush para luchar contra el terrorismo sin la supervisión del Poder Judicial o el propio Legislativo.
La decisión del Tribunal Supremo sobre este asunto es el dictamen de mayor importancia sobre las competencias presidenciales desde la II Guerra Mundial. (EFE)
